La decisión tomada el pasado miércoles por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de disolver la asamblea autonómica y convocar elecciones para prevenirse de una posible moción de censura que le hubiera quitado la presidencia de la Comunidad, llega en un momento en el que el Gobierno central tenía pendiente crear un grupo de expertos que aborden una reforma profunda del sistema tributario.

A este respecto, la semana pasada el Gobierno respondió a una pregunta escrita de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal sobre la creación de este grupo de expertos señalando que “la composición del Comité de expertos en materia de la reforma fiscal se establecerá próximamente”, y que en ese momento “se conocerán las personas que se seleccionen”.

Si bien la creación de este grupo de expertos fue anunciada por el Gobierno y el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, el pasado noviembre en el marco de su acuerdo para que la formación catalana apoyara el proyecto de Presupuestos de 2021, la reforma fiscal es una tarea pendiente que tanto el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han señalado que es necesaria desde que llegaron a Moncloa y a la calle Alcalá, respectivamente, en junio de 2018.

De hecho, ya el anterior ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, se refirió en varias ocasiones a la posibilidad de abordar una reforma de todo el sistema tributario español, tanto para revisar cada uno de los impuestos y las distintas deducciones en cada uno de ellos, como para buscar armonizaciones entre las comunidades autónomas, ya que ésta reforma está muy ligada a la necesaria actualización del sistema de financiación autonómica, que también está pendiente de reforma ya desde tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy.

El modelo vigente de financiación autonómica fue implantado en 2009 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con una previsión de vigencia de cinco años, por lo que se considera caducado desde 2014, pero no ha sido reformulado. Desde entonces, numerosas comunidades autónomas, gobernadas tanto por el PSOE como por el PP, han reclamado uno nuevo al considerar que el actual las mantiene infrafinanciadas.

Sin embargo, la inestabilidad que ha caracterizado la política española desde 2016, primero con la caída del bipartidismo y la llegada de nuevos jugadores a las sedes parlamentarias; la posterior crisis política e institucional ocasionada por el proceso independentista en Cataluña; y la pandemia mundial de Covid-19 ocurrida en 2020, ha dado lugar a una permanente congelación tanto de la reforma fiscal como de la actualización del sistema autonómico.

Cabe recordar que la reforma del sistema de financiación fue uno de los principales compromisos que resultaron de la Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada en el Senado en enero de 2017. En concreto, entonces se fijó como objetivo reformar el sistema a lo largo de 2017, pero entonces el Ejecutivo del PP se escudó en la situación política vivida en Cataluña y la ausencia de la Generalitat en las distintas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera para justificar el incumplimiento de dicho compromiso.

En cualquier caso, ya en febrero de 2017 el Gobierno del PP creó una Comisión de Expertos, integrada por profesionales propuestos por el Estado y por cada autonomía, que elaboró un informe con propuestas para la reforma del sistema. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año se constituyó el Comité Técnico Permanente de Evaluación del CPFF, que realizó un nuevo informe con las propuestas presentadas por cada comunidad, salvo Cataluña, que no participó.

De esta forma, la novedad introducida por el acuerdo anunciado por Gobierno y ERC el pasado noviembre no estuvo en la creación del grupo de expertos ni en la propia reforma fiscal, sino en la voluntad de la formación catalana de por fin participar en los trabajos para una reforma en toda España del sistema tributario que vaya de la mano o sirva de antesala de la reforma del sistema de financiación.

Sin embargo, la alta frecuencia de citas electorales celebradas en todos los niveles administrativos durante los últimos cinco años, han propiciado una constante patada hacia adelante con la que los distintos gobiernos han pospuesto estas reformas hasta que llegue el momento adecuado para ello.

Ahora, la probable cita electoral en la Comunidad de Madrid, tras meses de batalla presentada por el PP al Gobierno a través de Isabel Díaz Ayuso, podría suponer un nuevo retraso en el inicio de los trabajos para la reforma fiscal y de la financiación autonómica, ya que la armonización fiscal que defiende Hacienda supondría una subida de impuestos en Madrid que daría respuesta a las críticas que otras comunidades autónomas hacen al PP de Madrid de practicar competencia a la baja o ‘dumping fiscal’.