El plan de ayudas a las empresas y los autónomos aprobado este viernes por el Consejo de Ministros destinará 7.000 de los 11.000 millones de euros a ayudas directas para pagar costes financieros y no financieros y los distribuirán las comunidades autónomas, reservando 2.000 millones de ellos para los sectores más golpeados por la crisis en Baleares y Canarias.

Así lo indicó la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y donde detalló que podrán acceder a estas ayudas empresas y autónomos que hayan visto mermados sus ingresos en, al menos, un 30%.

Los recursos de las ayudas directas les servirán para “pagar gastos fijos y deudas con proveedores y los acreedores financieros y no financieros”, con intención de que llegue al “conjunto de la economía y se evite un sobrendeudamiento que lastre la recuperación”. Se trata, dijo de un ejercicio de “anticipación” que irá a “proteger y apoyar a aquellos sectores más afectados por la pandemia, que son fundamentalmente viables, a los que hay que respaldar en estas semanas difíciles que tenemos por delante, mientras que conseguimos un porcentaje sustancial de la población esté vacunada”.

En concreto, las comunidades autónomas podrán conceder ayudas “no reembolsables de carácter finalista” para deudas contraídas desde marzo del pasado año y que pueden incluir tanto facturas como con proveedores, gastos fijos, deudas financieras y financieras, suministros energéticos.

Para poder acudir a ellas se exigirá a las empresas y autónomos haber sufrido una caída de ingresos de, al menos, el 30% respecto al 2019 y podrán beneficiarse compañías ligadas a los sectores más perjudicados por las restricciones. Entre ellos figuran el turismo, hostelería y restauración y las industrias vinculadas a esos mismos sectores y al comercio, así como sectores auxiliares de transporte o actividades relacionadas con la cultura y el deporte.

Dichas ayudas podrán compensar hasta un 40% de la caída adicional de ingresos para las micro pymes y autónomos y el 20% máximo en el resto de empresas. En cuanto al importe, se ha fijado en 3.000 euros para los autónomos que tributan en régimen de estimación objetiva el IRPF por módulos y de un rango entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de empresas.

Calviño apuntó que los topes máximos “podrán ser elevados en las dos comunidades más intensamente afectadas, pero siempre dentro de los límites y de acuerdo con los procedimientos de control de ayudas de Estado de la Unión Europea”. En concreto, expuso la necesidad de apoyar de manera especial a Baleares y Canarias, cuyas economías se han visto especialmente golpeadas por el “alto peso del sector turístico en los archipiélagos”.

Para hacer frente a las ayudas recordó que el pasado año se transfirió 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas del fondo Covid y este año han recibido otros 8.000 del fondo europeo Reac-UE.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó a su vez que el reparto de los fondos para las autonomías distintas a Baleares y Canarias se efectuará siguiendo los criterios aplicados ya para la distribución de los recursos procedentes del citado fondo React-EU y actualizados con cifras del 2020. El Gobierno podrá realizar las transferencias en el plazo de un mes y 10 días y que a partir de ahí llegarán “en un plazo breve” a las comunidades, con las que previamente se firmará un convenio.

La Agencia Tributaria les dará además asistencia técnica, en la medida en que será la encargada de proporcionar la información a las regiones para que puedan comprobar si la facturación de las empresas cae más de un 30%.

CRITERIOS "HOMOGÉNEOS"

Montero precisó además que las comunidades autónomas dispondrán de cierta autonomía en su gestión y podrán incorporar criterios adicionales a las establecidos por el Gobierno central para los requisitos que deben cumplir las empresas y autónomos para acceder a las ayudas.

En este sentido, afirmó que la voluntad del Ejecutivo es que, “en la medida de lo posible, haya criterios homogéneos”, pero que también se deben atender “las circunstancias locales” de cada comunidad, por lo que en la norma han tratado de “no agotar la capacidad legislativa que puedan tener las comunidades autónomas”.

El segundo fondo que incorpora el nuevo pack de ayudas es una línea para la reestructuración de la deuda financiera, dotada con 3.000 millones de euros. “Se trata de que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de empresas viables con problemas transitorios causados por la Covid que se acuerden con las entidades financieras”, detalló Calviño.

Este mecanismo contempla hasta tres posibles actuaciones en préstamos que cuentan con aval público: extender sus plazos de vencimiento de forma adicional a la ampliación que ya se aprobó en noviembre; convertir en un segundo estadio dicha financiación en préstamos participativos, manteniendo la cobertura del aval público, o de forma “excepcional” y como “último recurso” establecer quitas. En paralelo indicó que se prorrogará además hasta el 31 de diciembre de 2021 la posibilidad de solicitar la financiación garantizada a través de las líneas de avales del ICO.

Para la articulación de esta medida de reestructuración de deuda se aprobará un código de buenas prácticas a semejanza del existente en el ámbito hipotecario “para que el sector financiero y también el resto de organismos públicos y privados que han concedido financiación puedan implicarse y puedan cooperar en el apoyo a las empresas viables con problemas puntuales de sobreendeudamiento”. Se trata, dijo, de “garantizar así también el buen uso de los recursos públicos y la imprescindible coordinación entre todos los acreedores si queremos llevar a buen puerto del proceso”.

No en vano, para que el ICO asuma la reestructuración, el resto de acreedores y entidades financieras deberán asumir también “la parte correspondiente en todas las decisiones que se tomen de extensión de los créditos, de conversión en créditos participativos” o posibles reestructuraciones si se quiere mantener el aval público.

El tercer fondo será de recapitalización. Cuenta con 1.000 millones de euros y será gestionado por Cofide, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El vehículo contará con distintos instrumentos de endeudamiento de capital y cuasi capital para reforzar los balances de las empresas, y será para aquellas compañías que no puedan acceder al fondo de apoyo a empresas estratégicas gestiona por la SEPI.

Calviño explicó que el recurso a este fondo “conllevará una participación del Estado en los resultados positivos de las empresas en el futuro, así como una estrategia de salida”, ya que la permanencia del Estado en el capital se fija en ocho años para todas las nuevas líneas de ayudas.

El acceso a todas las ayudas comporta un compromiso de mantenimiento de actividad hasta junio de 2022, la actividad que específicamente da lugar a la ayuda, así como una prohibición de reparto dividendos y de aumentar los salarios de la alta dirección durante dos años, aparte de las exigencias habituales que comporta estar al curso del pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no estar en paraíso fiscal, etc.

EXTENSIÓN DE LAS MORATORIAS CONCURSALES

Como complemento al pack nuevo de ayudas indicó que se extenderá hasta final de año las moratorias para el desencadenamiento automático de los procesos concursales, a fin de “dotar de mayor margen a las empresas para restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso destructora de valor”.

En paralelo, indicó que se trabaja en una mejora de los procesos concursales con la transposición de la directiva de reestructuración de insolvencia, que persigue orientar estos procesos “hacia la viabilidad de las empresas mediante la acción temprana y los acuerdos de reestructuración de las deudas”.

Calviño y Montero enmarcaron las nuevas medidas dentro del paquete de actuaciones desplegado desde marzo pasado y que ya el pasado ejercicio movilizó recursos por un valor equivalente al 20% del PIB y este año “supera ya el 2%”. Entre ellas destacaron los ERTE o los avales del ICO para dar liquidez a los negocios, o las medidas para autónomos y moratorias en créditos o fiscales, en IVA, impuesto de sociedades o las cuotas de la Seguridad Social.

La vicepresidenta económica recordó que la propia Comisión Europea cifró en el 7,3% del PIB los recursos efectivamente movilizados el pasado año, “doblando a la media de los países de la Unión” y siendo el país que más dinero en proporción al PIB ha movido en las diferentes actuaciones de ayudas.

“Gracias a estas ayudas hemos preservado en buenas condiciones el tejido empresarial, el empleo y las rentas de las familias, para tener así una base sólida sobre la que apoyar la recuperación ya a partir de 2021”, manifestó, reconociendo que “tenemos por delante todavía semanas muy complicadas en las que hay que seguir ayudando a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores y a las familias de nuestro país”.

Las medidas aprobadas hoy, dijo, buscan evitar el “riesgo de un deterioro significativo de los balances de las empresas y un aumento del sobrendeudamiento que podría lastrar la recuperación y la creación de empleo a partir de la segunda mitad del año”. “Por eso es necesario que nos adelantemos proponiendo medidas para prevenir estos posibles problemas de solvencia, actuando en el momento adecuado”, concluyó.