Impulsado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y por Plena inclusión –confederación que agrupa a más de 900 entidades de personas con discapacidad intelectual y a sus familias--, el proyecto de ley pretende acabar con la incapacitación jurídica de las personas y sustituirla por un sistema de apoyos individualizados para que estas puedan tomar sus propias decisiones de forma autónoma.

Según Galván, esta reforma “devolverá a muchas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a la vida social y jurídica”, de la que habían sido “expulsadas”. “Supone acabar con un yugo histórico que pesaba sobre las personas con discapacidad, estamos muy contentos”, confesó.

En su opinión, la iniciativa está en línea con recientes reformas sobre la capacidad jurídica de las personas que habían sido incapacitadas judicialmente, como la recuperación del derecho al voto o el fin de la esterilización forzosa.

Asimismo, Galván aplaudió que varias de las recomendaciones de Plena inclusión y de la Fundación Española de Fundaciones Tutelares hayan sido tenidas en cuenta en el proyecto de ley. Entre estas, todo lo referido a contar con la opinión de las entidades sociales para el mejor conocimiento de las necesidades de las personas y a evitar el conflicto de intereses a la hora de determinar los apoyos.

También destacó la importancia de que, una vez aprobada de forma definitiva la reforma, Gobierno y comunidades autónomas dispongan los recursos necesarios para que los “apoyos individualizados sean una realidad fácil de acceder para todas las personas.

Además, reclamó formación y sensibilización sobre el espíritu de la reforma entre los operadores jurídicos, a fin de que la nueva legislación se aplique de manera fiel a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.