Así lo defendió la Coordinadora en un comunicado emitido coincidiendo con la conmemoración este lunes, 15 de marzo, del Día Mundial de los Derechos del Consumidor y en el que destacó que la transparencia en la cadena de suministro resulta “fundamental” para evitar condiciones laborales “infrahumanas”, así como la explotación laboral infantil o la degradación ambiental.

Además, también resaltó que los sellos de comercio justo son actualmente los “únicos avales” que, a su entender, “garantizan” el cumplimiento de los derechos humanos, laborales y medioambientales en la fabricación de productos.

A su juicio, el accidente que tuvo lugar en la ciudad marroquí de Tánger el pasado 8 de febrero, en el que fallecieron 18 mujeres y ocho hombres en un taller textil clandestino, “ha vuelto a poner de manifiesto las condiciones infrahumanas en las que trabajan muchas personas que fabrican los productos que consumimos”.

Junto a ello, recordó que, según un informe elaborado por la OIT, Unicef, la OCDE y la OIM, una parte “importante” del trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas tiene lugar en los “primeros eslabones” de las cadenas de suministro mundiales, es decir, en las actividades agrícolas y de extracción de materias primas.

TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA

En este punto, la Coordinadora hizo hincapié en el derecho del consumidor a conocer la trazabilidad de los productos y a exigir a las empresas “transparencia” en torno a sus procesos de fabricación dentro y fuera de España.

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo participa en campañas de incidencia política relacionadas con estos asuntos y el pasado mes de febrero colaboró en la recogida de más de 145.000 firmas para pedir a la UE que desarrolle una normativa para exigir a las empresas el cumplimiento de los derechos humanos y medioambientales a lo largo de toda la cadena de suministro.