Así lo han anunciado en un comunicado conjunto divulgado este jueves, en el que aseguraron que esta petición ha sido trasladada a todos los partidos que conforman la Cámara Baja durante la ronda de contactos realizada en el marco de la tramitación del proyecto de Ley por la que se modifica la legislación 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Según las patronales de agricultores, la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron millones de hogares como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus ha causado un incremento de las ofertas promocionales de productos de primera necesidad. Las organizaciones temen que, al igual que en periodos de recesión anterior, esta batalla por “arañar puntos en la cuota de mercado” acabe “financiada” por el sector agrario.

“Resulta intolerable que el esfuerzo de agricultores y ganaderos se utilice para atraer consumidores a los puntos de ventas, destruyendo tejido productivo y abocando a la mayoría del sector a producir a pérdidas”, señalaron los máximos responsables de UPA, Coag y Asaja.

En este sentido, desde estas asociaciones alertan de que los ganaderos avícolas y de vacuno de leche ya han experimentado esa presión a la baja durante el proceso de renovación de los nuevos contratos.

En el caso de los productores de leche, los precios en origen se han reducido entre 2 y 3 céntimos por cada litro, mientras que el resto de eslabones mantienen rentabilidad en sus márgenes. En el sector avícola, los productores afrontan una subida de costes continuada a la vez que reciben precios un 5,5% inferiores respecto a las cifras del año pasado.

Según el comunicado, varias de las enmiendas planteadas por las agrupaciones han sido contempladas por los grupos. Entre las pretensiones planteadas, se encuentran la necesidad de prohibir la venta a pérdidas en el último eslabón, crear un registro de contratos, incluir en el ámbito de aplicación de la ley a los productos importados de países terceros, así como al canal Horeca, reforzar la figura del mediador, y generar índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública.