La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien presentó la propuesta, dijo el martes, al final del debate parlamentario, que estaban estudiando una posible transacción con los socialistas. Fuentes de este grupo parlamentario consultadas por Servimedia explicaron este jueves que se intentó durante la sesión plenaria del martes, al término de la cual tenía que registrarse la transacción, pero que los socialistas y las entidades civiles promotoras de la equiparación no llegaron a un acuerdo.

Ni desde el PSOE ni desde EH Bildu quisieron facilitar el contenido de la enmienda socialista que los abertzales no habían querido aceptar y los socialistas presentaron como 'condición sine qua non' para dar su apoyo a la iniciativa. Como último recurso, pidieron la votación por puntos, de los cuales resultaron aprobados tres. En primer lugar, con 194 votos a favor, 153 en contra y un abstención, el punto 4, que insta a "impulsar y apoyar reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan"; esto, en principio, beneficiaría sólo al asturiano y al aragonés.

Con 193 a favor, 153 en contra y dos abstenciones salió adelante el punto 7, que insta al Gobierno a "permitir el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras y firmando acuerdos para la recepción recíproca de medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos". Finalmente, por 290 votos a favor y sólo 56 en contra, más una abstención, el Congreso aprobó el punto 8, que aboga por un "respeto real, basado en derechos y deberes y en la actuación comprometida de todos los poderes del Estado".

La iniciativa fue registrada el 3 de diciembre con la firma de Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, JxCat, PDECat, Más País, CUP, BNG y Compromís, pero su membrete contaba también con el logo de organizaciones como Ómnium Cultural, Escola Valenciana e Iniciativa por Asturianu. Instaba al Ejecutivo a "iniciar todas las acciones para que las lenguas propias distintas del castellano gocen del mismo reconocimiento y sus hablantes de los mismos derechos y deberes", e "impulsar reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales".

Más en concreto, debería "garantizar el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en territorios con lengua propia", y que "la administración del Estado funcione en las diferentes lenguas". La proposición mencionaba expresamente las Cortes Generales, los altos tribunales, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y RTVE, e incluiría "promover la capacitación en lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la de Justicia" y "su uso generalizado en las páginas oficiales".

Los grupos proponentes instaban también a "poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal", que, dicen, afecta especialmente el etiquetado. Por último, sugieren "permitir el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico" y "su reconocimiento a nivel internacional en paridad con el castellano".

DEBATE PARLAMENTARIO

El martes, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, presentó la proposición en nombre de las asociaciones que la han presentado en Cataluña, País Vasco, Galicia, Aragón y Asturias, señalando que el 45% de los habitantes de España vive en territorios con lengua propia distinta del castellano, y millones de ellos quieren vivir plenamente en esas lenguas “en igualdad de condiciones” y, sin embargo, “los derechos lingüísticos son negados”, pese a que España ha firmado declaraciones internacionales en sentido contrario.

Según dijo, “no se toman decisiones de calado para garantizar los discursos lingüísticos”, como lo demostraría una oferta pública de empleo sin que el euskera computara siquiera como mérito. Desde su punto de vista, es precisamente la prevalencia del castellano, el que todos esos españoles sepan hablarlo, la que se usa como motivo para que no puedan utilizar sus lenguas para dirigirse a las administraciones. “No verlo es pura ceguera interesada”, terminó, pidiendo al resto de grupos que aprovecharan la oportunidad de demostrar que el bilingüismo del Estado no es humo.

Presentaron enmiendas a la proposición el PP y el PSOE. Por los populares, Ana Vázquez comenzó en gallego defendiendo la pervivencia de las lenguas cooficiales, pero a la vez resaltó que el castellano debe ser una riqueza para todos los españoles y no considerada una lengua “ajena o impuesta”.

Propugnó un “bilingüismo cordial, sin imposiciones y con tolerancia”, y por eso tachó de incomprensible la “guerra lingüística”, utilizar las lenguas como armas políticas y pretender apropiarse de ellas, en referencia a los grupos nacionalistas. También calificó de “absurdo” que, por ejemplo, los tribunales se llenaran de papeles en las lenguas cooficiales, en las que no podrían entenderse un gallego y un vasco, o que se empleen en el plano internacional.

Desde el PSOE, Marc Lamuá lamentó que los proponentes no hubieran aceptado transaccionar una enmienda de su grupo, para en su lugar intentar “un imposible encaje con la legislación vigente” con algunos puntos. “Hemos estado a punto de llegar a un acuerdo”, aseguró el diputado socialista, pero, según su versión, los nacionalistas pretendían “un trágala” traer “por la puerta de atrás propuestas que requieren cambios constitucionales” que se habrían topado con los tribunales. Por ello, dedujo que en el fondo “sólo buscaban la confrontación estéril” y que Vox arremetiera contra ellos en su intervención.

VOX, PODEMOS Y ERC

Por parte de Vox habló Antonio Salvà, padre de una víctima de ETA, que comenzó diciendo que EH Bildu debería ser ilegalizado por ser heredero de la banda terrorista y que era una broma de mal gusto que hablara de libertad en plural.

Mallorquín, dijo una frase en catalán en la que denunció la imposibilidad de estudiar en castellano en zonas rurales. Finalmente, atribuyó a la iniciativa la intención de demoler el pilar fundamental de la unidad de España y criticó el disparate de que se penalice esa lengua.

Desde Unidas Podemos, el catalán Joan Mena comenzó mandando su solidaridad con los presos independentistas a quienes esta mañana se revocó el tercer grado, y luego dijo que la iniciativa valía para desenmascarar a quienes tienen problemas con la pluralidad del país al que tanto dicen defender y no cumplen con los derechos lingüísticos que ampara la Constitución.

Aseguró que hay cosas que se le permiten hacer en castellano y no en catalán y denunció que en el Parlamento catalán se pueda hablar en castellano pero no en catalán en el Congreso, y presentó todo ello como “un intento de las viejas instituciones de debilitar el plurilingüismo” por una idea “caduca” de una España uniforme.

Marta Rosique, de ERC, comenzó afirmando que en el Estado español hay muchas naciones, criticó la supuesta intención “homogeneizadora” de los castellanohablantes y dijo que, si realmente valoran la riqueza lingüística del Estado, los demás grupos deberían aprobar la iniciativa.

Citó varios ejemplos de supuesta discriminación de las lenguas cooficiales, criticó que se intenten presentar el catalán, el valenciano y el mallorquín como lenguas distintas y se impida a sus gobiernos autonómicos comunicarse en ellas y concluyó, en catalán, que ya se ha agotado la defensa de la plurinacionalidad y sólo cabe la autodeterminación.

CIUDADANOS Y PNV

En nombre de Ciudadanos, Marta Martín dijo que era falsa la defensa de la libertad y la pluralidad, y que olvidaba que la promoción de las lenguas vernáculas no puede ir en detrimento de la lengua oficial, según la normativa internacional. Subrayó que el castellano es “una riqueza que tenemos para entendernos”, y por eso molesta a los proponentes, porque “es el pilar esencial de lo que tenemos en común” y ellos necesitan lengua para reivindicar un Estado.

Además, denunció el concepto de “lengua propia”, que es “xenófobo” por el señalamiento que implica a los que utilizan el castellano, que muchos niños catalanes no pueden estudiar en su lengua madre, que a los comerciantes que no rotulan en catalán se les multa y que a los médicos se les expulsa de Baleares si no saben esa lengua.

El diputado del PNV Joseba Agirretxea interpretó que Lamuà había intentado justificarse en una situación bastante comprometedora” para él y afeó a Vázquez que, si la UE hubiera empleado su misma lógica sobre los papeles de los tribunales, el castellano habría desaparecido.

Por eso, celebró la proposición como “un llamamiento a la igualdad, al respeto, al respeto de la diversidad” y para “reparar lo dañado, ninguneado y reprimido”. Lamentó que ser bilingüe sea un problema y estableció que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos lingüísticos, que son de los individuos.

GRUPOS PLURAL Y MIXTO

Del Grupo Parlamentario Plural, Genís Boadella, de Junts, comenzó citando la Constitución y su defensa del patrimonio de las lenguas, pero denunció que las sentencias judiciales en Cataluña no pasan del 9%, que el catalán está en la UE gracias a Andorra y terminó preguntando qué legalista puede ir contra la ley y esos principios constitucionales.

Joan Baldoví, de Compromís, comenzó diciendo que se ha sentido como un piel roja cuando no se le permite vivir en valenciano, y proclamó: “Esta democracia tiene una deuda con los pieles rojas de este Estado”, para sentenciar que “los verdaderos separatistas” son los que no reconocen el derecho de la gente a vivir en su propia lengua.

También tomó la palabra Néstor Rego, del BNG, quien preguntó si el Estado está dispuesto a respetar los derechos lingüísticos del 45% de sus habitantes y reivindicó poder hablar en gallego con normalidad, como los castellanohablantes lo hacen en su lengua materna.

Por el Grupo Mixto, desde Navarra Suma Carlos García Adanero criticó que los proponentes pretendan utilizar la lengua para justificar sus supuestas naciones y que pretendieran que todos los funcionarios tengan que hablar en lenguas minoritarias, porque de hecho eso significaría reservar los puestos a esos hablantes.

En cambio, Albert Botran, de la CUP, lamentó que tuviera que defender el plurilingüismo en castellano porque lo establece el Reglamento del Congreso, y por eso pronunció un par de frases en euskera y gallego, y también denunció que la Constitución imponga el deber de conocer el castellano y sólo el derecho de conocer las lenguas cooficiales. En el mismo sentido, criticó que la normativa estatal imponga la preferencia del castellano sobre el catalán, lo que le sirvió para justificar que su iniciativa sólo pretendía “reparar una injusticia”.