Con un bidón, cadenas y pancartas con el lema ‘Cierre Nuclear: No más Fukushimas’, la organización ecologista demandó que no se renueve la licencia de la central de Cofrentes, prevista para el próximo 20 de marzo.

Este jueves se produce el 10º aniversario del accidente nuclear de Fukushima (Japón) y hace 10 años Greenpeace también realizó una acción de protesta en la nuclear de Cofrentes para pedir que no le renovaran la licencia.

El mismo 11 de marzo de 2011, mientras comenzaba el accidente de Fukushima, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva licencia para Cofrentes, que expira el próximo 20 de marzo.

Iberdrola, que es la empresa propietaria, denunció a Greenpeace y a sus activistas exigiendo más de tres años de cárcel, aunque, finalmente, estos fueron declarados inocentes en 2016.

“En estos 10 años no hemos aprendido las lecciones derivadas de Fukushima. Sabemos que las nucleares están envejecidas y no son necesarias para mantener la seguridad de suministro y, sin embargo, a todas les están renovando sus licencias, sin participación pública ni ninguno de los criterios que hoy se exigen para cualquier instalación energética por pequeña y renovable que sea”, apuntó Raquel Montón, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.

Montón recalcó que “Iberdrola quiere ser el referente de las energías renovables, pero pide una reducción de impuestos para sus nucleares”, y señaló que ”esto va mucho más allá del ‘greenwashing’” (‘lavado verde’). “Ignacio Sanchez Galán lo que plantea es un timo”, apuntó.

Por otro lado, Greenpeace indicó que la central nuclear de Cofrentes ha sufrido una “larga serie de fallos y problemas de seguridad sin resolver” en sus 37 años de vida.

Según la organización, hasta 2011 hubo problemas de corrosión que obligó a sustituir todo el sistema de accionamiento de las barras de control de la vasija del reactor (una parte de ellos incluso dos veces), fallos en la apertura de las válvulas de alivio del sistema primario, un aumento de las dosis recibidas por la plantilla en el mantenimiento y el “desafío” a los márgenes de seguridad en los sistemas de refrigeración.

Desde 2011, según Greenpeace, la cultura de seguridad de la instalación no ha mejorado mucho. En 2017, se produjo la rotura de una gran válvula del circuito primario, cuyos fragmentos llegaron a la vasija del reactor y, encadenados con otras dos averías en la turbina y en los accionadores de las barras de control, obligaron a prolongar la parada para recarga durante varios meses. Tampoco se han completado todos los requerimientos derivados de las pruebas de resistencia que se están implementando tras del accidente de Fukushima.

OPORTUNIDADES DEL CIERREA

Según el informe elaborado por la consultoría independiente Abay Analistas Económicos y Sociales para Greenpeace, el impacto económico de las actuaciones ligadas al desmantelamiento, la gestión de los residuos y la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes supondría la creación neta de unos 300.000 empleos, de los que 100.000 corresponden al desmantelamiento de las nucleares y 200.000 a la instalación de nueva potencia renovable. Además, ello implicaría un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros.

Greenpeace subrayó que la electricidad vale más de lo que cuesta en España porque, debido al diseño del mercado eléctrico marginalista, se paga al mismo precio el gas, el carbón, la nuclear, la hidráulica y las renovables, independientemente de su valor real; por ello, algunas fuentes de generación de energía están sobre retribuidas (nucleares e hidroeléctricas), especialmente en la coyuntura actual.

“Cerrar las nucleares será un alivio para la seguridad, un incremento del PIB y un respiro para el mercado eléctrico mientras llega su imprescindible reforma”, destacó Montón.

FUKUSHIMA

Respecto a la central de Fukushima, Greenpeace subrayó que antes del accidente de 2011 se conocían los riesgos reales y se ignoraron. El informe de la Comisión de investigación del Parlamento japonés destaca como conclusión primera y fundamental que el accidente nuclear tuvo causas humanas y podía haberse evitado. El terremoto y el tsunami fueron sólo el desencadenante y el desastre procedió de los errores del Gobierno japonés, de los reguladores y de la industria nuclear.

Además, apuntó que la radiactividad es “imparable” y los planes de emergencia y evacuación fracasaron. Diez años después la descontaminación parcial que se está llevando a cabo sólo se ha logrado en un 15% de la zona afectada por la radiactividad y la gente está siendo obligada a volver. Greenpeace ha realizado 32 investigaciones en estos 10 años que lo confirman.

Por último, Greenpeace indicó que se han destapado graves deficiencias en la seguridad nuclear tras el accidente de Fukushima. En Europa se llevaron a cabo pruebas de resistencia para tratar de mejorarlas, pero se ha dedicado más esfuerzo en evitar implementarlas que en ponerlas en marcha y reducir riesgos.