Así consta en un documento titulado 'Observaciones y comentarios generales al Real Decreto-Ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19 ', redactado bajo el membrete del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y al que tuvo acceso Servimedia.

Podemos entiende que, en el decreto-ley que todavía está en duda si se aprobará mañana, "el fondo de ayudas directas debe ser el prioritario", y éstas "deberían suponer al menos 8.000 de los 11.000 millones previstos en el mecanismo". Lo argumenta señalando que "el problema fundamental que ahora tienen las empresas es de falta de ingresos más que de deuda", y la reestructuración de la deuda del ICO no es solución a la falta de demanda y la consiguiente caída de ingresos, y además sólo beneficiaría a las empresas que solicitaron préstamos de dicho Instituto.

Por otro lado, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, dependiente de la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias, sostiene que "las ayudas directas a empresas no se deben realizar por sectores, aun sabiendo que hay algunos que han experimentado caídas de ingresos mucho más fuertes que otros", sino que "deben ser accesibles para todas las empresas, al margen del sector en el que se encuentra", si acreditan una caída de al menos un 30-40% de su facturación en 2020 con relación a 2019. Las destinatarias podrían cubrir con las ayudas hasta un 70-80% de sus costes fijos.

En tercer lugar, es destacable que Unidas Podemos entiende que "las ayudas directas a empresas deben de quedar enteramente reguladas en una norma estatal y ser homogéneas en todo el territorio", de forma que "este fondo no debe transferirse a las comunidades autónomas para que cada una establezca el criterio que mejor considere en el desarrollo de estas ayudas", sino que "la Administración General del Estado debe garantizar un acceso en igualdad de condiciones para todas las empresas, de forma que no se altere la competencia de mercado en todo el territorio nacional".

Finalmente, el documento de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales establece que, "para evitar abusos por parte de las empresas y casos de mala utilización de los fondos públicos, las ayudas directas deben quedar condicionadas a ciertos objetivos de políticas públicas". En concreto, cita el de mantenimiento del empleo, al menos un 70-80% en 2021 y 2022, y el compromiso de abandonar en tres años el Régimen de Tributación por módulos. "En caso de que estas condiciones no se cumplan, las ayudas serían reembolsables", sentencia el texto.

EL MECANISMO DE ECONOMÍA

El mecanismo sobre la mesa que se ha ido conociendo hasta hoy antes de que Unidas Podemos divulgase su demanda pivotaba sobre tres ejes, sin que se hubiese cuantificado el importe de los 11.000 millones que iría a cada fondo: ayudas directas a través de comunidades autónomas, reestructuraciones de deudas vinculadas con créditos avalados por el ICO e instrumentos para recapitalizar empresas medianas o pequeñas.

Frente al interés del partido de Iglesias en centralizar las ayudas directas a través de los ministerios de Economía o Hacienda, la apuesta era que las asumieran las comunidades autónomas al estar mejor situadas para ver cuáles son las consecuencias de las decisiones que ellas mismas toman con las restricciones a la actividad y pudiendo ayudar a las empresas a cubrir costes fijos con dichos recursos.

Precisamente el programa marco de ayudas enviado por España a Bruselas y pendiente de aprobación por parte de la Comisión Europea sirve de paraguas para cualquier soporte público que se decida instrumentar desde las diferentes administraciones públicas -central, autonómica o local-.

El Gobierno trasfirió el pasado año a las autonomías 16.000 millones de euros del fondo Covid-19 y las regiones han recibido después 8.000 millones del fondo europeo React-UE, del que las comunidades ya indicaron que prevén destinar 2.000 millones o un 25% a apoyar a empresas.

La segunda línea de actuación sería ayudar a las empresas a recomponer su solvencia con potenciales reestructuraciones de deuda avalada por el ICO y en colaboración y con apoyo de las entidades financieras. Sobre este aspecto, se ha puesto sobre la mesa impulsar además una especie de Código de Buenas prácticas, al estilo del aprobado en el 2012 para la deuda hipotecaria de familias vulnerables, pero cuya aplicación podría quedar a voluntariedad de las entidades y para deudas diferentes a las avaladas por el ICO.

La tercera línea o tercer eje del plan que se barajaba era dar soporte a la solvencia de empresas medianas y pequeñas, con potenciales recapitalizaciones, al estilo del fondo de 10.000 millones de euros de rescate de la SEPI puesto en marcha para compañías grandes y estratégicas. Su instrumentación correría a su vez a cargo de la empresa pública Cofides y se barajaban opciones como inyecciones y emisiones de deuda híbrida.