Estos colectivos suponen cerca de 200.000 personas, según cálculos del Gobierno, que en la reunión que mantuvo la semana pasada con los responsables autonómicos de salud anunció ya su intención de encajar la universalización de la prestación sanitaria pública en esta ley.

En virtud del texto aprobado hoy por la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, con competencia legislativa plena, la extensión de la asistencia sanitaria pública a los parados que hayan agotado el subsidio de desempleo se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2012.

Para el resto de beneficiarios, básicamente profesionales liberales como abogados o arquitectos, este derecho llegará en el transcurso del mismo año. En total, hacerlo efectivo costará a las arcas públicas alrededor de 100 millones de euros.

CARTERA DE SERVICIOS

Otro aspecto que establece la futura norma es el de la creación de una cartera de servicios básica y común en el ámbito de la salud pública, que incluirá un calendario único de vacunación y una oferta, también única, de cribados poblacionales de enfermedades.

Aunque el impulso de una cartera única de servicios en materia de salud pública es una medida con la que sí está de acuerdo el Partido Popular, su diputada Ana Pastor entiende que no queda concretada en el proyecto de ley, al no especificar, por ejemplo, qué cribados incluirá la norma, por lo que aseguró sentirse "decepcionada" con este punto.

A este respeccto, Pilar Grande, del PSOE, explicó que una ley como ésta no puede entrar al detalle, sino establecer marcos que luego tendrán que desarrollar los organismos competentes, en este caso el Consejo Interterritorial de Salud, formado por el ministro de Sanidad de turno y por los representantes autonómicos del ramo.

La ley, que a su paso por el Congreso se ha enfrentado a un total de 274 enmiendas, vigilará el impacto potencial en la salud de la exposición a emisiones electromagnéticas, velará por la seguridad alimentaria y estudiará los riesgos relacionados con el trabajo y sus efectos sobre la salud.

Según el texto que llegará a la Cámara Alta, la futura norma obligará a las administraciones públicas competentes a controlar la publicidad relacionada con la salud y a limitar todo lo que pueda suponer un perjuicio para ella, teniendo especial cuidado de su repercusión en los grupos poblacionales más vulnerables.

Por otra parte, la ley creará una Red de Vigilancia en Salud Pública, que incluirá un sistema de alerta precoz y respuesta rápida que funcionará durante las 24 horas del día.

Establecerá para los incumplidores sanciones que van desde los 3.000 euros hasta los 600.000 y fija infracciones leves, graves y muy graves.

A juicio de Conchita Tarruella, de CiU, y de Gaspar Llamazares, de IU, la norma ha mejorado considerablemente a su paso por el Congreso, donde los grupos han logrado llegar a acuerdos en un centenar de enmiendas y transaccionarlas. A este respecto, el PP se quejó de que del total de sus 35 propuestas de mejora presentadas sólo se hayan aprobado 6. Las 29 restantes se votaron hoy en la comisión y se rechazaron.

La futura ley entiende que las actuaciones dirigidas a la mejora de la salud deben ser un tema transversal incorporado en todas las políticas y se propone, entre otras metas, reducir las desigualdades sanitarias y aumentar la prevención.