La ley, aprobada el pasado 21 de julio, supone "importantes avances" para las personas con discapacidad en ámbitos como el de la salud, el empleo, la relación con las administraciones públicas, la igualdad de oportunidades, el acceso a la función pública o la accesibilidad, explicó Feaps en una nota.

No obstante, la Red de Juristas de la entidad sostiene que aunque esta norma supone "un avance legal importante", ha de contar, para que sea realmente efectiva, con "cambios en el espíritu interpretativo de los jueces y de las administraciones públicas".

Con este cambio de mentalidad, argumenta la confederación, se persigue el objetivo de que pueda ser cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo la que, como ciudadana de pleno derecho, asuma las decisiones sobre todo aquello que afecta de manera importante a su propia vida.

Junto a esta apreciación, la Red de Juristas de Feaps señala que la norma recientemente aprobada deja sin adaptación el artículo 12 de la Convención, referido al reconocimiento de la capacidad jurídica y a la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad.

En la misma línea, dice que la nueva norma carece de modificaciones que afecten sustancialmente al planteamiento actual sobre los apoyos y servicios del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, "que sigue manteniendo una visión excesivamente asistencialista y que presta poca atención a las necesidades concretas de cada persona".