Las medidas de auxilio descansarán sobre tres ejes principales: ayudas directas a través de las comunidades autónomas, potenciales reestructuraciones en colaboración y con apoyo de las entidades financieras; y soporte a la solvencia de empresas medianas y pequeñas, con potenciales recapitalizaciones, al estilo del fondo de 10.000 millones de euros de rescate de la SEPI puesto en marcha para compañías grandes y estratégicas.

El mecanismo para reestructuraciones no sería extraño para el sector financiero, acostumbrado a negociar con clientes cuando tienen problemas de pago para ofrecerles múltiples soluciones a través de sus propios protocolos internos y que, en la práctica, les ha permitido aliviar la carga a clientes desde siempre para que pudiesen encarar sus obligaciones. Sin embargo, sí alentaría agilizar las soluciones y sistematizarían las acciones, indican a Servimedia fuentes financieras.

Cuando la crisis del 2012 disparó las insolvencias de compañías y el paro, el Gobierno sistematizó dichos protocolos con un mecanismo que podría ser un espejo. Se creó entonces el llamado ‘Código de Buenas prácticas’ en materia hipotecaria que obligaba a reestructurar la deuda hipotecaria a familias vulnerables, pudiendo aplicar quitas en algunos supuestos e, incluso, ofrecer la dación en pago -extinción de la deuda con la entrega de la vivienda-.

Su adscripción era voluntaria para los bancos, aunque todos o casi todos acabaron suscribiéndolo. Para “animar” a las entidades se optó por dar publicidad a los que se comprometían con su aplicación, y se dio puntual seguimiento a las soluciones acordadas por clientes -reestructuraciones ampliando el plazo del pago, reduciendo el coste de intereses o añadiendo meses de carencia o, en casos extremos, optando por quitas y daciones-.

A pesar del debate abierto sobre la posibilidad de fijar quitas en los créditos otorgados por el ICO, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, enfrió esta opción como solución generalizada en una reciente entrevista en la SER, asegurando que es un instrumento “que necesariamente es de último recurso, muy excepcional y no de aplicación general”.

La banca y las empresas y hasta los autónomos, a través de sus patronales, se han opuesto precisamente a limitar las soluciones a las quitas en créditos avaladas por el ICO porque dejaría fuera a compañías con problemas por las restricciones impuestas para frenar la propagación de la pandemia que no tengan dicha financiación. En el caso de la banca podría implicar además aumentar sus cargas en términos de provisiones.

En lo que sí coinciden todos -Gobierno, banca y empresas- en que las entidades financieras son las que pueden ayudar con las reestructuraciones porque son las que están en mejor situación para discernir qué negocios son o no viables y qué tipo de instrumentos son los más útiles para ayudar en cada situación.

EL ROL DE LAS CCAA

En cuanto al papel que pueden jugar las comunidades autónomas, la propia vicepresidenta económica ha explicado que, junto a los ayuntamientos, “están mejor situados para ver cuáles son las consecuencias de las decisiones que ellos toman de restricción de actividad económica para luchar contra la pandemia” y podrían “ir un paso más allá y no solo a dar un crédito fiscal sino, incluso, compensar una parte de los costes fijos de las empresas”.

El Gobierno ya les ha transferido a las autonomías, de hecho, 16.000 millones de euros con el fondo Covid-19 y también tienen los 8.000 millones del fondo europeo REACT-UE, del que las propias comunidades autónomas han decidido destinar un 25% o 2.000 millones de euros a ayudas para empresas y autónomos.

En una de sus últimas intervenciones Calviño dejó además abierta la puerta ampliar dicha dotación o dar un soporte adicional desde el Gobierno. “Para algunas puede que las ayudas por parte de las comunidades autónomas sean suficientes, en otros territorios puede ser necesario que el Estado complemente o refuerce esa acción de las comunidades autónomas”, deslizó.

En cuando a los apoyos o recapitalización de empresas de tamaño menor, las fuentes consultadas apuntan a la posibilidad de que cristalice en inyecciones de capital o emisión de deuda híbrida apoyándose en empresas públicas como podría ser Cofides.

El paquete de medidas a abordar por el Consejo de Ministros será, en cualquier caso, un programa marco y algunos flecos para su aplicación quedarían a expensas de otros Consejos de Ministros como ocurrió, por ejemplo, con los programas de avales del ICO donde a la aprobación del programa sucedieron acuerdos posteriores para ir liberando sus recursos.

En el programa inicial no parece que vayan a incorporarse medidas fiscales, aunque la ministra portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la puerta a un soporte extra fiscal, lo que no excluye su incorporación o aprobación posterior.