Trabajo revela este dato tras hacerse público que el 25% de los perceptores de la prestación investigados el pasado año habían cometido irregularidades.

Los sancionados fueron un total de 268.209, de los que 235.164 no habían renovado la prestación en el día señalado.

La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, de 4 de agosto del 2000, refleja que la no renovación de la demanda; no comparecer a requerimiento del Servicio Público de Empleo Estatal o Autonómico; la no devolución del justificante de comparecencia a la oferta de empleo y el incumplimiento del compromiso de actividad está considerado como infracción leve y lleva aparejada la pérdida de un mes de la prestación, en caso de ser primera infracción. Por estos conceptos, fueron sancionadas 255.598 personas.

Por otro lado, se consideran sanciones graves aquellas derivadas de la negativa a realizar trabajos de colaboración social; rechazar una oferta de empleo adecuada; negativa a acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, así como a participar en programas de empleo. Debido a estos conceptos, se sancionó a 7.443 beneficiarios.

Tanto en el caso de las sanciones leves como graves las pérdidas de la prestación van aumentando en caso de reincidencia por períodos de tres meses, pudiendo llegar a su extinción.

Por último, entre las sanciones muy graves, que conllevan la supresión de la prestación, se incluyen la actuación fraudulenta con el fin de obtener prestaciones indebidas; compatibilizar el cobro de prestaciones o subsidios con trabajo por cuenta ajena o propia; connivencia con el empresario para la obtención indebida de cualquier prestación de Seguridad Social, entre otras. Por estos conceptos, fueron sancionados 5.168 beneficiarios.

Ante estas cifras, Trabajo defiende que con independencia de que el volumen de infracciones detectadas en relación con el total de acciones de control realizadas sea más alto, ello no significa que dicho porcentaje deba aplicarse al conjunto de los perceptores de prestaciones como indicador de fraude en el desempleo.

Indica que los datos muestran que en la hipótesis más desfavorable el porcentaje de infracciones de todo orden no alcanzaría al 3% con respecto del total de perceptores de prestaciones que causan baja al año (y de ellas solo se derivaría la existencia de fraude en las prestaciones en el 0,12%).