Así lo indicó el presidente de Seopan, Julián Núñez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados en la Comisión Mixta para la coordinación y seguimiento de la ‘Estrategia Española’ para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Núñez señaló que se trataría de “macroproyectos tractores” para la economía española y que comprenden más de 2.280 actuaciones en diez áreas de inversión y reforma.

En concreto, se encuadran en el ámbito de la vivienda, el medioambiente (depuración de agua, prevención de inundaciones y tratamiento de residuos), el transporte ferroviario de mercancías, el transporte público, la movilidad sostenible, el refuerzo de las infraestructuras sanitarias, la modernización y digitalización del sector de la construcción, y las reformas legales para hacer posible la realización de todas ellas.

Se trata de una selección de las actuaciones en infraestructuras identificadas por Seopan para cumplir con los ODS en 2030, para lo que reclama invertir 157.000 millones en los próximos diez años.

Son inversiones “prioritarias” que además se ciñen “escrupulosamente a los objetivos de transformación ecológica y digital impulsadas por Europa”, afirmó Núñez, quien agregó que todas las actuaciones seleccionadas podrían ser ejecutadas antes del 1 de enero de 2027 y tendrían una rentabilidad económica y social positiva.

Generarían 191.320 millones de actividad económica inducida, la creación de 1.401.876 puestos de trabajo y un retorno fiscal a través de la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales y ahorro de prestaciones públicas de 46.481 millones.

La propuesta prevé la posibilidad de que 12.773 millones se financien con cargo a la línea de subvenciones de los fondos ‘Next Generation UE’, lo que representaría un 17,5% de dichos fondos, y 88.039 millones sean con cargo a fondos privados mediante fórmulas de colaboración público-privada.

En este sentido, el presidente de Seopan incidió en que con esta colaboración entre administraciones públicas y empresas, por cada euro aportado por los fondo europeos se lograría movilizar hasta 6,8 euros de capital aportado por las empresas y “liberaría fondos públicos que podrán destinarse a otras prioridades”.

“Me gustaría también aclarar que no proponemos invertir con el único objetivo de crear empleo y actividad en las empresas” y que “no estamos hablando de un nuevo ‘Plan E’ aumentado”, puntualizó Núñez, quien explicó que para seleccionar las inversiones se ha tenido en cuenta la rentabilidad económica y social y que se induzca actividad económica de manera permanente.

A su juicio, la ‘Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030’ debería contemplar un ‘Plan Nacional de Infraestructuras’ que, fruto del acuerdo entre las distintas formaciones políticas y Administraciones públicas, contemple las necesidades de infraestructuras para los próximos 10 años y fije las prioridades de su ejecución”.

Prosiguió afirmando que sería “muy deseable” que ese plan contase con un “alto consenso para evitar que se repita lo que ha ocurrido durante los últimos 12 años, en los que hemos visto cómo se han aprobado hasta tres grandes planes de infraestructuras que, sin embargo, no han servido para fijar las prioridades de inversión en el medio y largo plazo”.

Subrayó que España “no puede permanecer pasiva ante la falta de recursos presupuestarios suficientes” para mejorar las infraestructuras y reclamó que se acuda al sistema concesional para encontrar financiación, que “no es privatizar” porque el activo sigue en manos públicas.

“El sistema concesional funciona en todo el mundo” y “no resulta coherente que un país como el nuestro, pionero en infraestructuras y cuyos modelos de financiación y gestión son una referencia para todo el sector a nivel mundial, se quede ahora rezagado”, subrayó.