Según comunicación facilitada por el Ejecutivo, el acuerdo entre los socios de la coalición radica en que se incorporaría una disposición para se “produzca comunicación a los Servicios Sociales en los procesos penales en los que se esté enjuiciando la comisión de un posible delito de usurpación de personas en situaciones de vulnerabilidad -personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o aquellas que tengan a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad-.

Si no, apuntan desde el Ejecutivo, “en este caso no se produciría suspensión en el proceso de desahucio”. Este es el acuerdo, “a falta de algunos ajustes”, al que llegaron “los equipos negociadores para la ley de Vivienda”, en la “reunión fructífera” de hoy llegando a acuerdos en la propuesta relativa a desahucios, planteada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Así, se elevaría a ley lo que el Gobierno ha puesto en marcha durante este periodo de estado de alarma, de manera que colectivos considerados vulnerables no puedan ser desahuciados si Servicios Sociales no responde con un solución habitacional.

Desde Unidas Podemos se avanzó que "se está acordando que los juzgados se vean obligados a solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales", los cuales "determinarán si existe una situación de vulnerabilidad y, en ese caso, las comunidades autónomas tendrán la obligación de ofrecer una alternativa habitacional digna"; es decir, lo que el Gobierno ya aprobó para el vigente estado de alarma, que pasaría a tener carácter permanente.

Lo apuntaron al término de la nueva reunión que mantuvieron los equipos liderados por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra; el primero en nombre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en manos del PSOE, y la segunda en el de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, encabezada por Pablo Iglesias.

Sin embargo, el desencuentro entre ambas partes se mantiene en cuanto a la regulación del precio del alquiler, y Unidas Podemos reiteró su "preocupación sobre el hecho de que el socio no haya compartido, una vez más y tras dos meses de negociación, una propuesta en torno a la regulación del alquiler en las zonas tensionadas".

Un tema que consideran "primordial" y que, insisten, "debe incluirse en la futura Ley, tal y como se pactó en el acuerdo de Gobierno y en el de Presupuestos".