En declaraciones a los periodistas tras intervenir en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial, el letrado indicó que la próxima semana presentarán la primera reclamación a nombre de 5.000 afectados y que los otros 5.000 perjudicados pedirán también 10.000 euros de indemnización en septiembre.

Cremades anunció que ya que por la vía administrativa “será muy difícil (encontrar una solución), porque es la propia Aena la que tiene que resolver sobre su contabilidad”, a partir del 3 de diciembre se abrirá la vía contencioso-administrativa, en la que “será un juez quien acabe dictaminando si Aena fue o no responsable”.

Explicó que en estos momentos hay un procedimiento penal abierto contra los controladores que se ausentaron de sus puestos de trabajo los días 3 y 4 de diciembre del pasado año, lo que provocó el cierre del espacio aéreo. Además, añadió, hay otro procedimiento civil contra Aena, al no haber asegurado los servicios públicos.

El abogado manifestó que “el daño se produjo”, por lo que destacó la importancia de que “esta vez haya una respuesta” y se evite así en el futuro que “pequeños colectivos por cuestiones laborales acaben tomando como rehenes al conjunto de la población”.

A su juicio, lo que hicieron los controladores no fue “el ejercicio legítimo del derecho de huelga”, sino que se trató de un “abandono de un puesto de trabajo”, que dejó “a un país entero paralizado, en el que 750.000 personas no pudieron ejercer su libertad de circulación”.