Según informa Ence, con esta inversión destinada a la eficiencia de esta planta, al ahorro de agua y a la calidad ambiental, podría continuar operando hasta el año 2073, tal y como se recoge en la autorización concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 y que podría quedar en papel mojado si no se cambia la redacción de la Ley de Cambio Climático.

Por ello, la compañía pide la modificación de la actual redacción del artículo 18.4 del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para eliminar la retroactividad de esta norma, lo que “sin duda facilitaría enormemente la situación y el futuro de esta planta, así como del importante volumen de empleo vinculado a ella en Pontevedra y en toda Galicia”, que cifra en más de 5.000 puestos de trabajo.

De la inversión prevista, cerca de 105 millones de euros se realizarían en un plazo máximo de cuatro años desde la obtención de las autorizaciones y permisos necesarios para su ejecución, mientras que el resto de las inversiones (aproximadamente 290 millones de euros) se irían acometiendo, paulatinamente, a lo largo de la vida de esta instalación.

Las partidas de inversión identificadas afectan al parque de maderas, proceso de fabricación de la pasta de papel, caldera de biomasa y de recuperación, hornos de cal, ciclo del agua, minimización de las emisiones atmosféricas y del polvo y el ruido.

Además, la empresa recuerda que ya ha invertido 132 millones de euros en esta instalación desde el otorgamiento de la prórroga en 2016.

“Para Ence es una prioridad mantener la actividad, el empleo y las inversiones de su biofábrica de Pontevedra, como parte de su apuesta por Galicia, por el empleo y por la sostenibilidad”, concluye la empresa.