Según indicó la Fadsp, las demoras que establece el decreto son "excesivamente amplias" en algún caso y "debieran además tener una mejor especificación".

Así, por ejemplo, explicó, una demora de 180 días para una intervención de una catarata unilateral en una persona que mantiene una visión normal en el otro ojo es "razonable", pero en ningún caso lo es cuando se presenta una catarata bilateral con pérdida absoluta o casi total de la visión.

Por otra parte, Defensa de la Sanidad Pública está de acuerdo en que se fijen tiempos máximos de espera para algunas operaciones quirúrgicas y que se haga en base a criterios como la gravedad, la eficacia de la intervención y su oportunidad, pero echa de menos entre estos criterios el de la discapacidad que genera la situación clínica concreta.

A esta federación le da la impresión, no obstante, de que estas demoras se han establecido en problemas que se atendían antes de 180 días, que es el máximo que fija el decreto para todas las enfermedades.

Finalmente, Defensa de la Sanidad Pública lamenta que el decreto no recoja mecanismos "eficaces" para garantizar a los ciudadanos su aplicación por parte de las comunidades autónomas, "con lo que no es difícil que se quede en un deseo de buenas intenciones".