Hace unas semanas, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya, había señalado que el proyecto de ley entraría en el parlamento antes de verano, con el objetivo de aprobarlo de forma definitiva en 2021.

Moreno, que compareció hoy ante la comisión del ramo del Congreso, incidió en la necesidad de reformar la actual ley, que data de 1998 y “no está alineada ni con la agenda 2030 ni con los ODS”.

En su opinión, “el papel de esta Cámara y de esta comisión en concreto en el proceso” de elaboración del anteproyecto de Ley “será esencial”. “Desde ya, les agradezco su compromiso con la modernización de nuestro sistema de cooperación”, dijo a los diputados.

Pueden contar tanto con mi equipo como conmigo misma para todo aquello en lo que podamos apoyarles en el desarrollo de los trabajos de la Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de cooperación internacional para el desarrollo”, subrayó Moreno.

“Su informe nos servirá para preparar el anteproyecto de Ley que discutiremos posteriormente con los principales actores de la Cooperación Española”, prosiguió, “en especial, en el seno del Consejo de Cooperación al Desarrollo, la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo y la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional”.

REFORMA INTEGRAL

Según la secretaria de Estado, “el marco normativo e institucional de la Cooperación Española debe ser reformado para hacer frente a un contexto que ha cambiado mucho desde la aprobación de la anterior Ley de 1998”.

Además de la nueva ley, “la tan esperada reforma del sistema” pasa por “la adopción de una nueva visión de la Cooperación Española, que se presentará en las próximas semanas”. El objetivo es ofrecer una nueva “visión estratégica” que guíe los pasos a seguir, indicó.

Finalmente, destacó la necesidad de “reformar la arquitectura institucional” del sistema de cooperación, que calificó de “inaplazable”. “Ello implica “la refundación y el refuerzo de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (Aecid) y la articulación de un nuevo ecosistema de la Cooperación Española que simplifique y armonice las estructuras y cuente con nuevos mecanismos de coordinación”, explicó, “de modo que mejore, por ejemplo, el sistema de actores clave como la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas”.

En opinión de Moreno, resulta “indudable” que el sistema de la Cooperación Española “tiene muchas fortalezas”, tales como “su prestigio internacional; un capital humano cualificado y comprometido; la diversidad y complementariedad de actores; un importante despliegue exterior; o el diálogo horizontal, de igual a igual, con otros actores y países socios.

“Soy, sin embargo, consciente de que el sistema también tiene varias debilidades”, admitió, “entre las que destacan un marco legal y procedimental inadecuado para cumplir con sus objetivos y la falta de coordinación del sistema que, si bien es rico y diverso, puede resultar fragmentado e ineficaz”.

Moreno resaltó que su “deseo es que el nuevo sistema de la Cooperación Española y el conjunto de la nueva arquitectura institucional, incluida la cooperación financiera, esté en pie en 2022”.

“Esperamos así que, con un marco legal renovado y adecuado, se pueda alcanzar el compromiso del Gobierno de dedicar el 0,5% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2023, alentando la movilización de recursos adicionales conforme a la Agenda de Acción de Addis Abeba”, declaró.

Moreno quiso concluir su intervención con un “sincero reconocimiento” a “los actores con los que desarrollamos nuestras acciones, en coordinación con ellos y en muchas ocasiones gracias a ellos". "Son nuestras y nuestros cooperantes, nuestras instituciones, nuestros socios y nuestra ciudadanía. A todos ellos quiero darles las gracias por su esfuerzo, en un momento muy complicado en el que afortunadamente hemos logrado entre todos intensificar la solidaridad que demanda nuestra sociedad”.