A fecha de diciembre de 2020, la organización tramitó asuntos medioambientales tanto en el orden jurisdiccional contencioso administrativo (152), como en los tribunales penales (90) y en los civiles (2), según informó este martes Ecologistas en Acción.

Esos 244 casos son tramitados por más de 30 abogados ecologistas, que en la mayor parte de los casos realizan su labor de forma altruista y no remunerada. En relación a los territorios, los asuntos se reparten entre Andalucía (91), Castilla y León (54), Madrid (23), Murcia (14), Cantabria (13), Castilla-La Mancha y Extremadura (10 cada una), Cataluña y Comunidad Valenciana (7 cada una), Canarias y País Vasco (4 cada una), Aragón y Navarra (2 cada una), y Asturias, Baleares y Melilla (1 cada una).

Durante el año pasado se iniciaron procedimientos judiciales contra una gran cantidad de asuntos, como recursos contra licencias o planes urbanísticos, instalaciones de residuos, autorizaciones de canteras, macrogranjas, proyectos de minería, infraestructuras de transporte como autopistas o protección de vías pecuarias o caminos públicos.

También se llevaron a los tribunales casos relacionados con la falta de planes contra la contaminación del aire, gestión de espacios protegidos, denuncias por delitos contra la fauna y furtivismo, vertidos industriales y de depuradoras, incendios en vertederos y plantas de almacenamiento de residuos o asuntos de prevaricación urbanística, entre otros temas.

Según Ecologistas en Acción, la defensa del medio ambiente ante los tribunales de justicia se consolida como "una faceta muy relevante en el activismo ecologista, como una última línea de batalla contra la degradación ambiental".

Sin embargo, no siempre genera los resultados esperados porque las resoluciones judiciales suelen ser favorables a las organizaciones ecologistas y anulan autorizaciones o medidas aprobadas por las administraciones, pero en la mayoría de las ocasiones resulta muy difícil ejecutar las sentencias y restaurar el medio ambiente alterado. Ejemplos de ello son la urbanización declarada ilegal de Marina Isla de Valdecañas (Extremadura) o la ampliación de la carretera M-501 entre Madrid y Ávila.

Ecologistas en Acción destacó que aunque muchos de estos casos se presentan por agresiones de empresas o de particulares al medio ambiente, sobre todo las denuncias penales, si bien son motivadas por resoluciones o acciones contrarias a derecho llevadas a cabo por las administraciones públicas.