En declaraciones a los periodistas tras intervenir en el curso “Los límites de la red” que la agencia de noticias Servimedia organiza en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense (UCM) en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), señaló que los retos en la agencia son “muchos” y que en su mayoría “proceden de Internet” ya que pese a sus “numerosas ventajas” suscita “numerosos retos para la privacidad”.

Álvarez, que accedió al cargo de director de la agencia el 21 de junio, indicó que “los responsables de la tutela de la privacidad estamos convocados a reflexionar sobre cómo se aplican los esquemas tradicionales de la aplicación de datos en este nuevo mundo donde no cabe una traslación directa” y en donde “los principios tradicionales de protección de datos tienen dificultades cuando se intenta proyectar sobre Internet los instrumentos y las técnicas para el ejercicio de los derechos”.

A su juicio, la principal dificultad en la legislación sobre la materia es “que los servicios son prestados por empresas, por corporaciones que son multinacionales, que prestan los servicios simultáneamente en muchos países y que tienen su sede normalmente en un país que tiene un nivel de protección de datos”.

Según explicó, “estas empresas vienen defendiendo que la ley aplicable es la del Estado” mientras que en España “las autoridades, la AEPD entendemos que quienes prestan servicios en España están sujetos a la legislación española” porque “utilizan medios que están situados en nuestro territorio, y porque se trata de servicios que están dirigidos a usuarios españoles”, aunque matizó que “está pendiente de decisión por parte de los tribunales”.

Preguntado qué derecho prevalece más, si el derecho a la información o a la protección de datos, respondió que “cuando entran en colisión dos derechos nunca prevalece uno plenamente sobre el otro” sino que “siempre hay que hacer una ponderación” e ir “caso por caso”.

Según dijo, el derecho a la información siempre tiene un “plus” en esa ponderación porque es un derecho que “está conectado con las libertades democráticas” pero matizó que “no es ilimitado”.

Por último señaló que en el caso de las publicaciones masivas de información pueden estar en juego “el derecho a la protección de datos personales” y los relacionados a la vida personal y privada, a la intimidad, a la propia imagen y el derecho a la libertad ideológica.