Así lo afirmó durante su intervención en el curso "Los límites de la Red", organizado por la agencia de noticias Servimedia en el marco de los Cursos de Verano que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) celebra en San Lorenzo de El Escorial.

El director de la Aepd explicó que, en los últimos años, la sociedad "se ha visto sacudida" por la revolución de las tecnologías de la información y se han multiplicado las amenazas a la esfera privada de las personas. "Ya no existen las barreras temporales ni espaciales que tradicionalmente protegían la privacidad" y "se pueden tratar los datos ilimitadamente", remarcó.

Según subrayó Rodríguez, las consecuencias "no son baladíes", pues este hecho afecta también a otros derechos, como el honor, la igualdad, la libertad ideológica o el acceso al trabajo. Por ello, la toma de conciencia de estos riesgos ha generado una demanda de protección que ha dado lugar a la construcción de un nuevo derecho: el derecho fundamental a la protección de datos personales.

En España, explicó, la construcción de este derecho arranca con la Constitución Española de 1978, que en su artículo 18 recoge que "se limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la privacidad personal y familiar", aunque, según afirmó, ha sido decisiva la intervención de los tribunales y en especial del Tribunal Constitucional, que en el año 2000 dio un espaldarazo a este derecho al conferirle el estatus de "fundamental".

FUNCIONES DE LA AEPD

Sobre la Aepd, Rodríguez explicó que se creó en el año 1992 con las funciones principales de inspección y control y con potestades sancionadoras, algo que la diferencia de otras agencias europeas.

En España, afirmó, hay un alto nivel de protección de datos, por encima de los países de nuestro entorno, aunque, puntualizó, "son muchas las amenazas que se ciernen sobre la privacidad", y la principal, deriva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y, en concreto, de Internet.

Tras indicar que las TIC tienen una cifra de negocio de 100.000 millones de euros y constituyen el 6% del PIB, Rodríguez señaló que "Internet es una de las principales fuentes de riesgo para la vida privada de las personas en los países democráticos".

El origen de los mayores retos para la protección de datos parte, aseguró, del propio modelo de negocio de la Red y de su propia naturaleza, en concreto de su carácter de gratuidad, financiado con ingresos derivados de la publicidad. Esto hace que el usuario pague con sus datos personales, de modo que éstos han adquirido un gran valor económico.

Por ello, Rodríguez apostó por reforzar las garantías legales y, en este sentido, remarcó que un paso importante es la reforma de la ley de telecomunicaciones, que modificará el sistema actual y lo sustituirá por el de la exigencia de consentimiento informado.

El problema, según dijo, es que la consecución de este principio básico de consentimiento expreso e informado dificulta el normal funcionamiento de la Red. Por tanto, el reto es encontrar vías para que los usuarios sean conscientes del riesgo y se permita el normal funcionamiento de la Red.

REDES SOCIALES

Sobre las redes sociales, Rodríguez destacó que "la diferencia entre el usuario y quien incorpora la información se diluye" y, en este sentido, "no se puede aplicar el régimen de obligaciones para quien trata datos personales", dijo.

En Internet, "los suministradores de información son múltiples y situados en diferentes geografías y esto dificulta e impide mantener el esquema clásico de imputación de responsabilidades", aseveró.

El mayor desafío, argumentó, deriva del carácter global de los servicios de Internet, ya que se opera desde distintos países cuya normativa de protección de datos no es homologable al marco europeo. Por ejemplo, el nivel de protección de EEUU es inferior al de la UE, pero es de aquel país de donde son la mayoría de operadores y corporaciones multinacionales y según la normativa vigente es aplicable la normativa del país originario, lo que disminuye la protección de datos en España.

Así, la Aepd reclama que la normativa española de protección de datos sea aplicable a todos los servicios que se prestan en España desde Internet. Actualmente, en esta línea, se está pendiente de que la Audiencia Nacional clarifique cuál es la legislación aplicable, si la del país de origen o la del país en el que se prestan los servicios.