“El mayor avance en protección social de los últimos tres lustros se desangra por procedimientos complejos y una errática gestión, abocando al abandono a los doce millones de personas que malviven en la pobreza y poniendo en riesgo la cohesión social”, criticó la asociación en un comunicado.

A su juicio, el Ingreso Mínimo ha pasado “de ser la vacuna más eficaz contra la pobreza” a poner “en evidencia un nuevo fracaso de las políticas públicas y la justicia social”, ya que “ni siquiera se han aprobado el 20% de más de un millón de solicitudes que se tramitaron desde el mes de junio pasado”.

El problema, según los directivos de servicios sociales, es que “los requisitos establecidos” provocan la denegación de “casi el 60% de las solicitudes”.

Según sus previsiones, con esta tendencia apenas se llegará a la mitad del objetivo con el que nació el IMV, que era llegar a 850.000 familias en el límite más extremo de la pobreza.

“Los papeles, la desconfianza innata de la administración hacia el pobre, el reglamento y los procedimientos han ido muy por detrás y a veces en contra de las necesidades de las personas”, denunció la asociación.

En este sentido, los directores de servicios sociales apuestan por “un cambio inmediato” en el modelo que “enmiende el diseño en cuanto a cobertura de determinadas situaciones y, sobre todo, en cuanto a los procedimientos y requisitos para la concesión y el posterior seguimiento” a través de la ley que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados.

Entre los cambios propuestos, señalaron la necesidad de que el cálculo de la capacidad económica se realice sobre los ingresos del año en curso, de forma que se elimine el límite del 50% de los ingresos del ejercicio anterior. Asimismo, solicitaron suprimir el padrón histórico colectivo y decretar una “pasarela automática” para que, de oficio, se acceda al IMV desde las Rentas Mínimas de las comunidades autónomas.

Estas medidas, según la asociación, permitirían que en menos de un mes, se alcanzase la mitad del objetivo que se había propuesto el Gobierno.