En su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso, Sánchez reclamó que esta asignatura se imparta “al terminar la jornada escolar, solo para aquellos que expresamente lo elijan” y se costee como una actividad extraescolar más.

“El Estado garantizaría así el derecho de los padres que quieren que sus hijos tengan formación religiosa y el de los que no”, apuntó, pues “el derecho de unos no debería ir en detrimento de otros”, afirmó Sánchez.

“Es muy cierto que la Constitución garantiza a los padres que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones y también que nuestra Carta Magna no determina que esta formación deba darse en la esfera de lo público, pues sería contrario al espíritu de un estado aconfesional como el nuestro”, aseguró.

A su juicio, “lo que es también verdad es que este derecho no debería generar unas obligaciones injustas derivadas de unos acuerdos de dudosa constitucionalidad para las demás familias, que se ven obligadas a que sus hijos e hijas estén “aparcados” en otra aula sin ningún objetivo específico”.

Sánchez subrayó además que “en estos momentos se está produciendo una discriminación para todos los niños y niñas que no cursan religión”, y denunció que muchos centros concertados segregan al alumnado por razones religiosas.

Se presiona a las familias para que elijan religión, afirmó Sánchez, y aseguró que esto también sucede en algunos centros públicos.

El presidente de Ceapa criticó que “a las familias se les pregunta al inicio del curso sobre sus creencias y convicciones éticas y religiosas”, algo contrario al artículo 16.2 de la Constitución", que señala que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”.

Para Ceapa, “deberían ser los padres interesados en que su hijo estudie religión quienes así lo comuniquen” y no al revés.

Tampoco concuerda con “un estado aconfesional y sin religión ofical la presencia de crucifijos en muchas aulas”, agregó Sánchez.

OTROS MOTIVOS

Junto a las creencias religiosas, afirmó que en la actualidad los alumnos reciben un trato diferente en función de su sexo, origen étnico, discapacidad u orientación sexual.

En el curso 2008-2009 el 14,1% del alumnado de origen extranjero estaba escolarizado en centros privados-concertados, el 3,8% en centros privados y el 82% lo estaba en centros públicos, apuntó Sánchez.

En su opinión, esto está más relacionado con la clase social que con el racismo, pero lo cierto es que muchos colegios concertados ponen en marcha “prácticas disuasorias” para evitar al alumnado inmigrante.

Finalmente, Sánchez lamentó que los niños con necesidades educativas especiales también sufren discriminación cuando se les escolariza en centros específicos.

Tendrían que asistir a “centros ordinarios”, y si no es posible, “compartir tiempo de ocio en espacios escolares” dentro de colegios integrados, concluyó.