Y es que, en el texto conocido hoy por el Gabinete se incorpora, a propuesta del Cermi, una mención expresa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como marco orientador de la legislación y de las políticas públicas de protección jurídica de los menores en España.

El citado tratado internacional de Naciones Unidas consagra uno de sus artículos a los derechos de pequeños con discapacidad, mandato que se traslada explícitamente a la legislación española de menores con esta reforma.

La modificación promovida por el Gobierno supone un cambio de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, para que los niños no puedan ser excluidos por razón de su discapacidad en ningún caso, explica el comité.

El texto alude también al derecho de los niños a ser oídos, tanto en el ámbito familiar, como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que estén implicados directamente "y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social", finaliza el Cermi.