Según explicó en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, el borrador de la norma incorpora sugerencias del Defensor del Pueblo, la Fiscalía y de las CCAA a una legislación que "hay que revisar" para garantizar la protección jurídica del menor "en todas las circunstancias".

Así, el texto visto por el Gabinete implica la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Protección Jurídica del Menor, de 1996.

Con este anteproyecto, el Ejecutivo pretende mejorar la protección de los menores residentes en España, evitar situaciones de desamparo y potenciar la acogida familiar frente al ingreso en centros tutelares, especialmente para los menores de seis años.

Por este motivo, el documento establece expresamente que los menores de tres años no ingresarán en los centros de protección, "salvo que exista imposibilidad muy justificada" para su inserción en familias, el entorno que Gobierno y expertos consideran "más favorable" para el desarrollo de los más pequeños.

ACOGIMIENTO Y ADOPCIÓN

Puesto que el Ejecutivo quiere simplificar los trámites de acogimiento y de adopción en España, el texto que ha analizado suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo, de tal forma que la familia deberá tener claro desde el primer momento su opción, ya que luego no se modificará.

Con respecto a la adopción, además de suprimir el acogimiento preadoptivo, el anteproyecto acorta el período previo establecido para la presentación de la propuesta de adopción ante el juez, que pasa de un año a tres meses.

Además, posibilita la adopción de mayores de dieciocho años en los casos en los que estén previamente en situación de acogida familiar (ahora sólo es posible si el acogimiento se produce antes de los catorce años) o convivencia estable (normalmente con un familiar).

DISCAPACIDAD

Una "novedad importante" para el Gobierno en materia de derechos fundamentales es la no discriminación por razón de discapacidad en el derecho del menor a ser oído.

PROBLEMAS DE CONDUCTA

El Anteproyecto regula también los centros para menores con trastorno de conducta, que son los que no han cometido delitos, pero que persisten en conductas que afectan "gravemente" a los demás, en sus diferentes ámbitos de existencia.

Concretamente, la norma aborda las características de estos centros y establece garantías tales como la necesidad de diagnóstico previo y autorización judicial para el ingreso en las instituciones que utilicen medidas de contención y restricción de libertad, limitación en la administración de medicamentos e intensificación de la actuación de los servicios de inspección y supervisión.

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

Finalmente, la normativa "racionaliza, acorta y simplifica" los trámites judiciales para que todos los procedimientos contra las resoluciones administrativas referentes a cada menor se acumulen en el mismo Juzgado y se eviten así "constantes cambios de situaciones y residencia" de los niños.