López dijo que el Gobierno regional ha cumplido de esta manera su compromiso con este colectivo, para evitar su revictimización cuando se ve inmerso en un proceso judicial como consecuencia del delito sufrido.

El consejero hizo estas declaraciones durante la presentación de la Memoria Anual de Actuaciones Realizadas por la Red de Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD) de la Comunidad de Madrid, que entregó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, y al fiscal superior, Jesús Caballero Klink.

Durante el acto, celebrado en la sede del TSJM, López destacó la “gran labor” que realizan los profesionales de las Oficinas de Atención a Víctimas de Delitos, “especialmente con los más vulnerables, a los que las administraciones públicas deben prestar especial protección, algo con lo que está firmemente comprometida la Comunidad de Madrid”.

SENSIBILIZAR

Según Enrique López, la citada memoria “contiene una información detallada, significativa y útil que muestra cómo desde la comunidad judicial cada vez hay mayor sensibilidad respecto al tratamiento que deben recibir las víctimas del delito, especialmente las más vulnerables”.

En este sentido, agradeció la implicación de jueces, fiscales y personal de la administración de Justicia en su conjunto en el uso de los servicios que prestan las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito regionales.

Además, el consejero madrileño trasladó al conjunto de la sociedad “un mensaje claro e inequívoco sobre la necesaria protección de las víctimas del delito en el sistema judicial, como un sujeto al que hay que ayudar y asistir”.

VÍCTIMAS

De las 3.851 víctimas atendidas –todas ellas con un expediente individualizado en 2020 por las OAVD para recibir asistencia jurídica, psicológica o social-, 1.029 han sido nuevos casos. Además, la red atendió 2.486 consultas de víctimas.

Otro dato destacado de la citada memoria son las 336 actuaciones de seguimiento que estas oficinas han realizado con víctimas de expedientes abiertos antes de 2020.

Dijo que la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 ha provocado que durante el año pasado las asistencias de las OAVDs se hayan desarrollado telefónicamente o por videoconferencia.

Sin embargo, sí que han sido presenciales en todos los casos los acompañamientos a víctimas y testigos protegidos en juicios y actuaciones urgentes en sede judicial.

Nueve de cada diez de las 3.851 víctimas atendidas en 2020 fueron mujeres, de las cuales 191 eran también menores de edad. En cuanto a los 342 hombres asistidos, 114 no habían cumplido aún la mayoría de edad.

Respecto a la tipología de delitos que han merecido asistencia, la gran mayoría corresponden a delitos contra la libertad sexual (31,20%); violencia de género (28,40%) y violencia doméstica, tanto filio parental como paterno-filial (12,4%).

SERVICIOS

Las dos principales vías de acceso de las víctimas a los servicios de las OAVD fueron las siguientes: un 43% se produjeron a iniciativa de la propia víctima; y en un 17,3%, por remisión de la Policía Nacional, a través de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). No obstante, a las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito llegaron también casos remitidos por derivación de la Fiscalía, órganos judiciales, Guardia Civil, colegios de abogados y otras entidades u organismos.

Los servicios que ofrecen las OAVD a las víctimas son los siguientes: preparación, asistencia y acompañamiento a juicio, en aquellos casos que se considere preciso; primera atención psicosocial, información y orientación sobre recursos psicosociales; derivación a otros recursos especializados cuando proceda; coordinación con otras instituciones; seguimiento e información de la situación judicial a la víctima; intervención psicológica con víctimas de delitos violentos a corto-medio plazo; e intervención social con víctimas de delitos violentos e intervención en crisis.

Además de su labor asistencial a las propias víctimas también prestan asesoramiento psicosocial a los distintos órganos judiciales de la Comunidad de Madrid.