Gestha advierte que la lentitud de la Agencia Tributaria y la Fiscalía con el rey Juan Carlos podría liberarle de sus responsabilidades
- Estima que la ganancia patrimonial no justificada por Juan Carlos I supera los 7 millones de euros
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El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, advirtió este viernes de que “la lentitud de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía del Supremo puede liberar a Juan Carlos I de sus responsabilidades penales y tributarias, después de que el emérito haya abonado a Hacienda otros cuatro millones de su fortuna oculta”.
Así lo señaló en un comunicado, en el que indicó que, según sus estimaciones, Juan Carlos I habría aflorado una ganancia patrimonial no justificada de más de 7 millones. Asimismo, los técnicos explicaron que la presentación de sucesivas declaraciones complementarias es posible si se refieren a distintos impuestos o años no prescritos, y añadieron que los siguientes pasos serán analizar si la declaración complementaria es veraz y completa y si se refieren a hechos que la Fiscalía del Tribunal Supremo no le ha notificado que los esté investigando.
Además, el sindicato recordó que el 5 de junio de 2020 la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió la investigación de la causa ‘AVE del desierto’, y que el pasado noviembre el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación por los fondos que el Rey emérito recibió de un empresario mexicano y por su uso con tarjetas 'opacas'. En tercer lugar, apuntó que aún queda una investigación tras el aviso del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales a la Fiscalía Anticorrupción de un 'trust' en la isla de Jersey que se nutre de fondos en las Islas del Canal.
Ante este escenario, Gestha apuntó que, de cumplirse estos requisitos, “la ley tributaria vigente respalda que el monarca emérito ya no habría cometido ninguno de los presuntos delitos agravados contra la Hacienda Pública, ni siquiera sería calificado como un infractor tributario al haber presentado y pagado la declaración complementaria antes de que la Agencia Tributaria ni la Fiscalía le haya notificado una investigación por los hechos que regulariza”.
Por ello, los técnicos de Hacienda creen que esta regularización se calificará como “voluntaria y espontánea”, y le liberará de todas las responsabilidades penales y tributarias si es veraz y completa y si es anterior a la notificación formal de las investigaciones de la Fiscalía o de la AEAT por los mismos hechos que se regularizan.
No obstante, advirtió que “si hechos posteriores demuestran que la regularización no fue veraz o completa para el mismo impuesto y año regularizado, el pago de la regularización se considerará a cuenta de las eventuales responsabilidades penales y tributarias que deriven de los presuntos delitos agravados contra la Hacienda Pública”.
Por otro lado, Gestha explicó que la regularización no alcanza a los presuntos delitos de blanqueo de capitales que seguirían abiertos, si el tribunal considera que el blanqueo trata de utilizar fondos, sabiendo que éstos tienen un origen ilícito.
Además, el sindicato de técnicos mostró sus “dudas” acerca de los hechos regularizados, “puesto que se informa que son ocho millones de euros los que Juan Carlos I recibió en vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, con sede en Liechtenstein”. Pero Gestha encuentra “una contradicción con el apartado 6º de la Solicitud de asistencia de la comisión rogatoria del 16 de agosto de 2019 del Fiscal de Ginebra, que señala que, según Álvaro Jaime de Orleans-Borbón, la Fundación Zagatka pagó un importe aproximado de 3 millones de euros en los gastos de viaje de Juan Carlos I y Corinna”.
Sin embargo, añade Gestha, “Álvaro Jaime le habría pedido a su primo que le reembolsara los gastos relativos a esos viajes; y el 4 de enero de 2011, fue transferida a la cuenta de la Fundación Zagatka, por mediación de Dante Canonica, la suma de 2.867.722 de euros que correspondería a los gastos de viaje en los que Corinna habría incurrido”.
En este sentido, los técnicos sostienen que la AEAT “tiene el deber inexcusable de abrir una investigación al Rey emérito, como haría con cualquier contribuyente, para evitar incurrir en una dejación de funciones, mientras no exista una investigación judicial o una querella de la Fiscalía sobre los mismos hechos”.
Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, “la fiscalía debería blindarse frente a posibles injerencias y nombrar a un número suficiente de técnicos e inspectores de Hacienda en apoyo al grupo de fiscales que les permita concluir una rápida y exhaustiva investigación de los delitos que podrían haberse cometido”.
(SERVIMEDIA)
26 Feb 2021
IPS/gja