La solicitud del Ejecutivo salió adelante con el apoyo de PSOE, PNV, Ciudadanos, ERC-EH Bildu, IC, JuntsxCat y otros partidos del Grupo Mixto, y los votos en contra del PP y Vox.

La Carta Social Europea data de 1961 y España la ratificó en 1980, y en el año 2000 firmó la Carta revisada, pero aún estaba pendiente de ratificar.

La revisión de la Carta Social Europea supone una actualización de los contenidos de los textos de 1961, teniendo en cuenta los cambios y la evolución de los derechos económicos y sociales en las legislaciones internas de los Estados miembros, y de los convenios aprobados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, la revisión de 1996 recopiló y amplió en un solo texto el conjunto de los derechos sociales fundamentales.

Desde su aprobación, el movimiento sindical europeo, representado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), ha venido impulsando su ratificación por los Estados miembros.

En un artículo firmado por el socialista Toni Ferrer, que es presidente de la comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Senado, conocido por Servimedia, destaca que en la anterior crisis de 2008 se aplicó una política económica “de corte neoliberal” y “recortes de los servicios públicos y la protección social” por parte del PP.

“El Comité Europeo de Derechos Sociales dio la razón a las reclamaciones de UGT y CCOO ante la reforma laboral de 2012, ya que concluyó que la legislación laboral española conculcaba la Carta en diversas materias”, según recoge Ferrer. Por ello, los sindicatos actuaron para que España ratificara la Carta revisada.

Este documento establece los derechos y libertades y un procedimiento de supervisión para garantizar su aplicación por los Estados. Los derechos garantizados por la Carta de 1996 suponen “una mejora de determinados derechos que se recogían en los textos de 1961” como una remuneración “equitativa”, eliminar los riesgos en las ocupaciones peligrosas e insalubres, protección para la infancia y la adolescencia o la mejora de los niveles de protección, protección para personas con discapacidad o el acceso de migrantes a la enseñanza de las lenguas de los Estados de acogida.

La Carta también establece nuevos derechos como no ser despedido sin justificación, el derecho a una indemnización “adecuad”, protección de los trabajadores ante las insolvencias empresariales, la protección contra la pobreza y la exclusión social instaurándose un derecho del acceso a la vivienda o los principios de no discriminación y de igualdad.

También se fijan los mecanismos para controlar la aplicación de la Carta como es que los Estados deben realizar informes al Consejo de Europa sobre la implementación de las medidas establecidas en la Carta y el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) es quien determina si los Estados han respetado o no sus compromisos.

A ello se añade el Protocolo Adicional por el que establece un sistema de reclamaciones colectivas que posibilita la participación de las organizaciones sindicales, empresariales y sociales en el cumplimiento de los derechos recogidos por la Carta.

“En la actualidad la Carta desempeña un papel altamente positivo para la protección de los derechos económicos y sociales fundamentales en Europa, aunque se enfrenta a grandes retos de futuro, como los desequilibrios sociales existentes agravados por las desigualdades y la pobreza, ahora acrecentadas por la crisis del coronavirus, y a la necesidad de ampliar la protección a las personas ante los retos derivados de los procesos de la digitalización de la economía y de la crisis medioambiental”, destaca Ferrer en su artículo.

Con la ratificación de la Carta revisada en 1996 por el Gobierno de la Coalición del PSOE y Unidas Podemos “se da un paso muy relevante que fortalece la democracia y refuerza el Estado social en nuestro país”, según destacó el senador.