Según las ONG, Berkeley emplea argumentos de inversión económica como una oportunidad de futuro, pero vulnera la seguridad, la salud y un futuro para los habitantes de la zona y el proyecto conlleva "riesgos ambientales, sociales y sobre la salud que son inaceptables".

Indicaron que, desde un principio, la autorización de este proyecto ha estado rodeada de "graves irregularidades, enorme polémica y una gran oposición local", ya que obtuvo "inexplicablemente" una declaración de impacto ambiental positiva por parte de la Junta de Castilla y León en 2013 pese a que la evaluación de impacto ambiental no valoraba la mayor parte de los graves riesgos ambientales asociados ni sobre el medio y las personas dedicadas a la producción y almacenamiento de residuos radiactivos.

Hasta el momento, Berkeley ha destrozado 40 hectáreas de arbolado y ha enfrentado a la población local, según las entidades ambientales, que recalcaron que lo único que posee esta empresa son "unas pequeñas instalaciones prefabricadas que rompen la belleza paisajística del entorno del río Yeltes, espacio incluido en la Red Natura 2000 al ser considerado una Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)".

Además, las organizaciones ecologistas rechazaron las amenazas de Berkeley para emprender acciones judiciales si el Parlamento toma la decisión de prohibir la minería de uranio en España, algo que podría ser una realidad en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF indicaron que "esta situación se agrava aún más y carece de toda lógica cuando la tendencia internacional y nacional es caminar hacia fuentes renovables y no contaminantes, y en una estrategia de abandono de la energía nuclear".