Al iniciar el juicio, la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, indicó a “Txeroki” que debía ponerse en pie para declarar, a lo que el exjefe etarra se negó. A pesar de las advertencias de que podía ser sancionado, el terrorista volvió a negarse a ponerse de pie.

Murillo ordenó entonces a los policías que lo trasladarán al habitáculo blindado que hay en la sala de vistas. “Ahora ya si quiere puede estar sentadito, lo que quiera”, le dijo la presidenta del tribunal a “Txeroki”, antes advertir al público de que si hacían gesto de aprobación hacia el etarra serían desalojados.

Aspiazu, con el pelo rapado, comenzó a pasear por el habitáculo, sonriendo a la decena de simpatizantes que se encontraban entre el público. Cuando se le preguntó si iba a contestar a las preguntas que se le iban a formular, “Txeroki” dijo que no.

“No reconozco vuestra legitimidad para juzgar a ciudadanos vascos y no voy a participar en este espectáculo”, dijo el etarra en euskera, aunque su frase no fue traducida ni escuchada por el tribunal, ya que el micrófono del habitáculo no funcionaba.

Su abogada, Haizea Ziloaga, señaló que “por expreso deseo de mi defendido” no iba a formular ninguna pregunta durante la vista oral ni iba a realizar un informe final.

TESTIGOS PROTEGIDOS

La actitud desafiante de “Txeroki” se prolongó a lo largo de todo el juicio. El exresponsable militar de ETA no dejó de sonreír y gesticular ante las respuestas de los testigos y llegó incluso a agacharse en repetidas ocasiones para poder ver a los testigos protegidos por debajo de las cortinas colocadas para proteger sus identidades.

La magistrada Murillo le indicó entonces que, como acusado, tenía derecho a ver a los testigos protegidos, pero señaló que para ello debía sentarse en la primera fila del habitáculo y dejar de pasear de arriba abajo.

El fiscal encargado del caso, Pedro Rubira, solicitó para “Txeroki” 15 años de prisión al atribuirle un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa.

El representante del Ministerio Público sostuvo que Aspiazu Rubina, quien formaba junto a los etarras Asier Arzallus e Idoia Mendizábal –condenados en octubre de 2010 por estos hechos- el “comando Olaia” de ETA, envió a principios del año 2002 al domicilio del presidente de “El Correo” un paquete-bomba con cerca de 230 gramos de dinamita y dotado de un sistema-trampa diseñado para detonar el explosivo al abrirse.

SOSPECHAS DEL EMPRESARIO

Los terroristas estamparon en el remite la dirección y el sello de Confebask, la patronal vasca. El paquete fue entregado en la oficina de una empresa de mensajería de Amboto (Vizcaya) y finalmente fue interceptado y desactivado por la Ertzaintza el 17 de enero de 2002 en el interior de la furgoneta de reparto, junto a la vivienda de Ybarra, quien había alertado a la policía tras sospechar de su contenido.

En el juicio declararon como testigos un total de ocho agentes de la Ertzaintza, entre ellos el artificiero que consiguió desactivar el paquete-bomba remitido a Ybarra. También prestó declaración el colaborador de ETA Gorka Martínez, quien alquiló la vivienda que compartían en Amorebieta (Vizcaya) “Txeroki”, Arzallus y Mendizábal.

Martínez, a pesar de asegurar que sólo conocía a “Txeroki” por los medios de comunicación, dedicó una amplia sonrisa al exjefe etarra que fue correspondida con un saludo con la mano. El testigo dijo no recordar los detalles de los etarras que pasaron por su vivienda.

SUJETADOR NEGRO

Entre las pruebas aportadas por los peritos destaca un sujetador negro que fue encontrado en el piso de Amorebieta. En el sostén, que supuestamente pertenecía a Idoia Mendizábal, se encontraron restos de ADN que corresponde a “Txeroki”.

En la vivienda alquilada por Gorka Martínez también se encontró la máquina de escribir con la que los terroristas escribieron la dirección de Ybarra y que pegaron después en el paquete-bomba. También se halló un plano de la provincia de Vizcaya con las huellas de Aspiazu Rubina y un cepillo con sus restos genéticos.

Además de los 15 años de condena, el fiscal Rubira pedirá al tribunal que imponga a “Txeroki” la prohibición de aproximarse a Ybarra o a sus familiares por un periodo de diez años tras cumplir la condena.

La defensa del exjefe etarra pidió por su parte la libre absolución de su cliente al entender que no hay “ninguna prueba de cargo suficientemente válida para condenar a Aspiazu Rubina”. “Txeroki” se negó a utilizar su derecho a la última palabra.