La que fuera fiscal general del Estado hasta enero de 2020 no entró a valorar la petición de indultos para los condenados del `procés´ pero recordó que esta gracia que asiste al Gobierno de turno se rige por una ley de 1870. “El indulto”, dijo, “tiene su lugar para resolver esas situaciones que pueden resultar injustas”.

Segarra explicó que los tribunales se mueven sólo “por el principio de legalidad, que es la garantía y la seguridad jurídica de los ciudadanos. El indulto existe siempre con carácter particular, que es el permitido por nuestra Constitución, para solventar esas situaciones en las que la aplicación estricta de la ley puede provocar una situación de injusticia en el caso concreto”.

En ese sentido, insistió en que se trata de una concesión “discrecional” por parte del Gobierno. Para su concesión, el Ministerio de Justicia abre un expediente en el que consta la petición de gracia, el informe jurídico del fiscal y el informe del magistrado o tribunal sentenciador. “Luego el Gobierno resuelve. Mi experiencia es que se conceden pocos indultos porque son muy rigurosos en el Gobierno, pero es una posibilidad de existe”.