Los populares señalan en la iniciativa que el estado de alarma como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 ha tenido, entre múltiples consecuencias, la restricción de la movilidad y de la actividad económica, motivando que muchos autónomos y empresas hayan disminuido considerablemente su actividad comercial y productiva, con la consiguiente menor necesidad de consumo eléctrico.

“Estas menores necesidades deben de ir acompañadas de una posibilidad de modificar las condiciones de contratación del suministro eléctrico, al objeto de que la facturación eléctrica en su parte regulada refleje esta realidad evitando situaciones gravosas que resultan indeseadas e injustificables”, señala la proposición.

El PP plantea que la facturación eléctrica a autónomos y empresas se efectúe no en función de la potencia contratada, sino considerando la potencia realmente utilizada.