Así lo defendió en una reunión con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, en la que manifestó su “alarma” ante el “riesgo” de publicidad “engañosa” en las campañas de divorcios a 150 euros, “grupones” o furgonetas rotuladas, a su entender, con precios “irrisorios”, según manifestó en un comunicado.

La asociación ha “constatado” que “muchos” clientes “se sienten engañados con las publicidades de divorcios a 150 euros porque, posteriormente, luego esta cantidad se dispara o el servicio jurídico es deficiente”, advirtió su presidenta, María Dolores Lozano, quien incidió en que dicha publicidad de captación “no garantiza que ése será el precio definitivo, salga como salga el procedimiento”.

“Asistir como letrado a un divorcio no se limita a bajar de Internet un formulario y rellenar los datos, los abogados de familia debemos ofrecer un asesoramiento completo al cliente sobre los pros y los contras de firmar un documento”, agregó, al tiempo que precisó que, cuando no sucede así, las familias “corren el peligro” de sufrir “graves consecuencias” para sus intereses y los de sus hijos, pudiendo incluso “perder derechos económicos”.

BARRERA DE PROTECCIÓN

Lozano puntualizó que los abogados representan “la primera y más importante barrera de protección” para evitar que un convenio regulador sea “lesivo” para los intereses de las familias y de sus hijos y que están obligados a ofrecer a su cliente un asesoramiento integral con un consentimiento informado de cuáles son sus derechos.

“El abogado debe atender la documentación que ha traído el cliente, verificarla y estudiar cuáles son sus mejores posibilidades de negociación para conseguir lo que le corresponde en un procedimiento contencioso”, insistió, convencida de que, de lo contrario, su representado puede denunciarle por mala praxis profesional.

Además, explicó, "se arriesga a una responsabilidad civil que repercute posteriormente en los demás compañeros", dado que las pólizas de los seguros de responsabilidad civil de los colegios de abogados "aumentan sustancialmente cuando se producen situaciones de este tipo”.

INTERNET

Junto a ello, la tesorera de la Aeafa, Carmen López-Rendo, previno al Consejo General de la Abogacía ante la “creciente” actividad de plataformas en Internet que ofrecen servicios legales sin que sea posible constatar la intervención de un abogado, lo que, según su criterio, “supondría un intrusismo profesional, además de un gran peligro para la ciudadanía”.

La presidenta del CGAE, Victoria Ortega, recordó que, al amparo de la propia ley de Competencia Desleal, este organismo está desarrollando un código de regulación de la publicidad para “atender a la dignidad de la profesión”, de adhesión voluntaria y que contará con un órgano de resolución de conflictos.

No obstante, hizo hincapié en las “dificultades” que plantea la persecución y sanción de estas prácticas basadas en el precio debido a las “restricciones” que impone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).