Sáez reclama, según el escrito al que ha tenido acceso Servimedia, que Lesmes actúe ante el "injustificable comportamiento" de Concepción y para que el CGPJ exprese “su absoluto y total rechazo" a sus declaraciones, así como para que se adopten “las medidas gubernativas y disciplinarias contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, consecuentes a su gravedad y trascendencia”.

Esta vocal cuestiona el comportamiento de Concepción cuando, en una entrevista en televisión, el pasado día 15, y a preguntas sobre el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que “la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista, que es al que pertenece este señor, forma parte del Gobierno”.

El propio Iglesias se hizo eco de dichas declaraciones en su perfil oficial de Twitter en un mensaje en el que se limitó a reproducir las palabras de Concepción de que "la democracia de un país se pone en solfa desde el momento en que el Partido Comunista está en el Gobierno”.

Sáez considera que la “reiteración y el alcance público del injustificable comportamiento” del magistrado y presidente del TSJ de Castilla-León merecen una respuesta de manera “imprescindible” e “inmediata” por parte del órgano de los jueces.

La vocal recuerda que en la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece un “sistema de faltas y sanciones disciplinarias a las que se somete a quienes desde su condición de miembros de la carrera judicial se permiten opinar -incluso favorablemente- acerca de la actividad de los poderes y las autoridades públicas”.

“Tampoco creo que sea preciso relacionar las numerosas ocasiones anteriores en que este magistrado y Presidente del TSJ de Castilla-León, en una más que evidente extralimitación de sus deberes estatutarios y de sus funciones representativas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de su Presidente, se ha permitido emitir públicamente opiniones que rebasan, con mucho, sus competencias orgánicas y representativas, y comprometen seriamente la imagen y el prestigio democráticos del Consejo y de quien lo preside”, añade en el escrito remitido a Lesmes.

Para esta vocal, la “ausencia de una reacción institucional ajustada ha sido, para muchos, un clamor en aquellas ocasiones”, pero es “algo que no puede -ni debe- repetirse en ésta”.

Porque, aduce, la “adscripción ideológica y/o partidista del vicepresidente del Gobierno de España -de un Gobierno constituido a partir del resultado de unas elecciones libres y democráticas-, es una circunstancia no sujeta a valoración política e ideológica alguna por quien forma parte del poder judicial o habla en su nombre, so pena de perturbar gravemente el respeto debido a la división de poderes y, por ende, a la esencia misma de nuestro estado social y democrático de derecho, así como de incumplir gravemente sus deberes gubernativos y estatutarios”.