En el encuentro, Sánchez presidirá la firma del Protocolo sobre Alquiler Social de Viviendas, junto a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Se celebrará en el Complejo de la Moncloa, al que han sido invitados respresentantes del sector financiero.

La creación del fondo social de vivienda de la banca se remonta al 2013. Arrancó con algo menos de 6.000 viviendas cedidas por 33 entidades financieras, que se arrendaban con alquileres de entre 150 y los 400 euros para familias en especial situación de vulnerabilidad social.

En fases sucesivas ya experimentó varios aumentos en la dotación de inmuebles, hasta rozar las 10.000 viviendas actuales con las que cuenta el fondo y que, según algunas fuentes, se podrá elevar con, al menos, otras 1.000 viviendas o un 10% a través de la cesión directa de la banca.

Son propiedades que pertenecen a los bancos asociados en la patronal AEB, las entidades aglutinadas en la CECA, y las rurales asociadas a la Unacc. La oferta de estas casas y pisos se abrió para familias que hubiesen sufrido un desahucio, en situación de dificultad extrema -con ingresos máximos familiares de tres veces del salario mínimo profesional-, niños o adultos a cargo, etc.

En su origen se limitaba a hogares desalojados después del 31 de diciembre de 2007 y para alquileres con una duración de dos años, prorrogables en otro más, pudiendo cancelarse antes su uso si los ingresos de la unidad familiar mejoraban y superaban el umbral fijado.

Sin embargo, a lo largo de los años siguientes el acuerdo de constitución del fondo fue revisado en varias ocasiones para ampliar el espectro de personas que pueden optar a dichos alquileres sociales, retirando casi todos los límites, condiciones e inclusos umbrales de ingresos fijados para poder ser beneficiario.

El fondo social de la banca, en cualquier caso, no es el único parque disponible para dar soluciones de alojamiento a familias en situación de vulnerabilidad. Coincidiendo con la banca, la Sareb puso a disposición de ayuntamientos más de 2.000 inmuebles y el pasado mes de marzo ya se ofreció a multiplicar por más de cuatro el número de viviendas cedidas a distintas administraciones públicas para que las destinen a alquileres sociales.