Caldera facilitó estas cifras durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso, donde recordó que empresarios y empleadores presentaron un total de 690.679 solicitudes de regularización de inmigrantes en el citado proceso, que comenzó el pasado 7 de febrero y finalizó a los tres meses, el 7 de mayo.

Durante su comparecencia, Caldera reiteró el "éxito" de esta iniciativa que ha contado con el apoyo de empresarios, sindicatos, agentes sociales, ONG, asociaciones de inmigrantes y otros organismos consultivos del Estado.

Aclaró que este "éxito" ha sido de toda la sociedad española y felicitó a la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, por su la labor en todo el proceso.

Detalló que de las más de 690.000 solicitudes, 139.714 son para documentar a ecuatorianos, 118.298 a rumanos, 85.969 a marroquíes, 56.652 a colombianos y el resto a otras nacionalidades.

CONSTRUCCIÓN

Por sectores, el 20,7% de los expedientes presenteados corresponde a la construcción; 14,6% a agricultura, ganadería y caza; 10,2% a hostelería; 31,6% a servicio doméstico; 4,7% a comercio al por menor; 2,5% a fabricación de textiles; 3,2% a actividades empresariales, y el 11,9% a varios. Por sexos, 58,7% corresponde a hombres y 41,2% a mujeres.

Caldera comentó que este proceso también ha sido valorado positiviamente por la UE, por la ONU y por periódicos como "The New York Times" y "Le Monde".

Indicó que tras esta regularización el Gobierno trabaja ahora en la integración de este colectivo, al que este año ha destinado 120 millones de euros, distribuido entre comunidades autónomas y ayuntamientos.

Por otro lado, el ministro recordó que a los inmigrantes que no han podido acogerse a este proceso se les aplicará la Ley de Extranjería y su Reglamento, que contempla el arraigo social, el arraigo laboral y las razones humanitarias como fórmulas para obtener la documentación en España.

Además y, por primera vez, Caldera mencionó el arraigo de menores, figura que recoge el artículo 94.2 del Reglamento, y que permite la regularización de menores extranjeros acompañados cuando acrediten dos años de estancia en España y su escolarización.

OPOSICIÓN

Por su parte, los grupos parlamentarios de PNV, IU-ICV y Nafarroa Bai coincidieron en lo positivo del proceso, pero consideraron que se podría haber hecho antes y mejor.

En este sentido, consideraron que el plazo de tres meses que duró el proceso fue "insuficiente" y criticaron que se introdujera el empadronamiento por omisión a sólo tres semanas de que se acabara el mismo.

Por su parte, PP y CiU denunciaron el "efecto llamada" que ha provocado esta iniciativa, que, según dijeron, anunció el Ejecutivo en agosto de 2004.

Así, la diputada popular Ángeles Muñoz cuestionó el "autobombo" y el "triunfalismo" del Gobierno con este proceso y tachó de "errática", "improvisada", "irresponsable" y "fracaso" la política migratoria del Gobierno.

Carles Campuzano, de CiU, indicó que este proceso de regularización confirma el "fracaso" de los sucesivos Gobierno en buscar vías adecuadas para la regular los flujos migratorios. Además, Campuzano alertó a Caldera del aumento de la llegada a España de bolivianos, a los que considera que se debe pedir visado.

Por su parte, Antonio Hernando, del PSOE, destacó el amplio apoyo social, político y económico que ha tenido este proceso que vincula la documentación del inmigrante al mercado laboral.

Además, Hernando rechazó las críticas del PP a esta regularización y dijo que la actitud de los populares es "absolutamente perjudicial, crea rechazo a la inmigración y enturbia la convivencia". Recordó que los sindicatos también han criticado la postura del PP en esta cuestión.

Finalmente, Caldera, en respuesta a CiU, comentó que el Gobierno estudiará la posibilidad de que se solicite visado de entrada en España a los bolivianos y recordó que es la UE la que aborda y decide sobre este tipo de cuestiones.