Así lo aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó este martes remitir al Congreso de los Diputados un informe que detalla casi 35.000 inmatriculaciones por parte de instituciones católicas entre 1998 y 2015, gracias a la Ley Hipotecaria de José María Aznar.

"Esa legalidad que ha propiciado este volumen de inmatriculaciones ahora puede ser contestada", remarcó Calvo, en referencia a "una primera vía puramente administrativa" con la que "la administración general abra la investigación cuando se duda", y la vía de los tribunales "cuando cualquier persona discrepe de ese listado".

"No deja de ser un procedimiento normal de una democracia garantista", presumió, aunque se refirió a "pronunciamientos indirectos" sobre el tema por parte de los tribunales Supremo y Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podrían dejar abierta la puerta a recurrir inmatriculaciones.

La vicepresidenta también aseguró que es decisión de la Iglesia si tiene inmatriculaciones que puede defender de oficio o en los tribunales, aunque matizó que "hay bienes que nada tienen que ver con el culto o la educación" y otros "afectos a un régimen muy especial bajo el paraguas protegido de todo lo que es patrimonio histórico" a nivel estatal o autonómico.

"No deja de ser la vía normal de cualquier sistema jurídico frente a una información que no se tenía y ahora se tiene de manera certera", zanjó tras reprochar al Gobierno de Rajoy no remitir al Congreso el listado de las inmatriculaciones aprobado este martes.