Así lo anunció la ministra portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado la que será ya su tercera prórroga para que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) salga del capital. La primera se aprobó en diciembre de 2016, lo que permitió extender de diciembre de 2017 a finales de 2019 el plazo de desinversión. En el 2018 volvió a ganar dos años para situar la fecha tope de salida del Frob al cierre de este 2021, fecha que se modifica ahora hasta diciembre de 2023.

Montero explicó que se otorga “más flexibilidad” al Frob, dueño actual del 61,8% de Bankia y que se convertirá en el 16,1% cuando se integre en la nueva CaixaBank, para “favorecer una utilización más eficiente y más eficaz de los recursos públicos, maximizando la utilización de la ayuda pública”.

Se trata, según detalló de ganar tiempo para realizar su desinversión “encontrando el momento adecuado” para obtener el “mayor retorno” posible en la desinversión a fin de obtener la mayor recuperabilidad de los fondos públicos inyectados en su momento.

El Estado ha comprometido 24.069 millones de euros en el Grupo Bankia a través de tres inyecciones de capital. La primera se originó cuando se conformó el banco con la fusión de las siete cajas lideradas por Caja Madrid y Bancaja y la última para ayudar a BMN, acordada en el ejercicio 2017, pero el grueso entró en 2012 cuando se nacionalizó el banco con un desembolso milmillonario para evitar su colapso y que, con él, desestabilizase al sector financiero y la economía.

Desde entonces el Estado habría recuperado una cuantía superior a los 3.000 millones de euros, de los que 2.118 millones fueron por la colocación de dos paquetes de acciones equivalentes al 7,5% del capital en febrero de 2014 y otro del 7% en diciembre de 2017; y el resto por cobro de dividendos pagados por el banco.

MÁS DE 24.000 MILLONES INYECTADOS

El Gobierno ha ido ganando tiempo y extendiendo el plazo para resolver el relevo del Estado en el capital del banco ante la baja cotización de la entidad, cuya valoración ha sufrido, como el conjunto de las entidades financieras, una fuerte depreciación en Bolsa ante el impacto que en sus resultados está teniendo la coyuntura.

Desde el 2016 las cuentas de los bancos están sufriendo, en concreto, la presión de los tipos de interés negativos aplicados por el Banco Central Europeo (BCE) ante la dificultad para las economías para encauzar una recuperación firme y que el pasado año se vio perjudicada gravemente además por la crisis desencadenada por la pandemia.

Precisamente para encarar los desafíos que ofrecía el escenario el Frob decidió en su día fusionar BMN, también nacionalizada, en Bankia a fin de elevar su atractivo de cara a una desinversión. Un movimiento que volvió a repetir el año pasado respaldando la integración del banco con CaixaBank, en la confianza de que creará una entidad más fuerte y solvente, con capacidad de encarar con más facilidad y rentabilidad el actual escenario.

El Frob decidió precisamente apoyar la fusión de Bankia-Caixabank el pasado año al considerar que mejorará el valor de su actual 61,81% en Bankia tras realizar un estudio de cara a fijar su posición y voto en la Junta de Bankia donde se aprobó la transacción.

Su estimación la realizó tras el “estudio del proyecto de fusión, los trabajos de diferentes expertos y la recomendación favorable de Nomura como asesor del Frob”, y concluyó, en concreto, que “la fusión mejoraría el valor de la participación indirecta en Bankia y tendría un efecto positivo sobre las perspectivas de recuperación de ayudas en futuras desinversiones”.

El Frob pasará a controlar un 16,1% en el banco fusionado y tendrá un sillón en su futuro Consejo de Administración que propondrá que ocupe en su nombre Teresa Santero Quintillá, doctora en Economía por la Universidad de Illinois en Chicago.