Así lo afirmó después de que el Consejo de Ministros haya aprobado remitir al Congreso de los Diputados el listado que detalla esos registros, de los que, según precisó la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, unos 20.000 corresponderían a templos de la Iglesia católica.

Argüello recordó en un videocomunicado que la Iglesia cuenta con 40.000 instituciones y que les "agrada" el reconocimiento que el Ejecutivo hace en el propio informe "de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador".

"Es verdad que además existían dos años después de cada acto inmatriculador para que personas con mejor derecho o instituciones pudieran reclamar la titularidad de esos bienes. En todo caso, la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo, por eso si alguien viniese con mejor derecho y que pudiera revisar la inmatriculación realizada, cada institución de la iglesia que haya inmatriculado, está dispuesta a hacer esa revisión si el Derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo pide", añadió.

Argüello, también obispo auxiliar de Valladolid, también recordó que esos bienes "están al servicio del bien común a través de las actividades propias de la comunidad cristiana: en la liturgia, en la catequesis, en la caridad, y que muchos de ellos tienen también un extraordinario valor histórico, artístico y cultural que también desde los pequeños pueblos están al servicio de la sociedad para poder visitar, para poder realizar actividades que pongan en valor esta capacidad cultural y artística que nuestros bienes tienen".

El portavoz del Episcopado cerró sus declaraciones con un llamamiento "a la colaboración entre la Iglesia, la sociedad y las administraciones públicas" para que "el mantenimiento de estos bienes y al mismo tiempo, para que su uso, el propio de los mismos en la liturgia, en la acción de la Iglesia y el que pueda realizarse para el bien común, social, artístico y cultural pueda seguir realizándose".