Conde-Pumpido fue quien mejor expresó el objetivo final de este plan, denominado EJIS (Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad). “Se trata de poner fin a la inútil multiplicación de esfuerzo y eliminar el riesgo de disfunciones”, señaló el fiscal general.

Se trata, por lo tanto, de evitar mediante la interconexión de los ordenadores de los juzgados y de la Fiscalía errores como el cometido en el denominado “caso Mari Luz”, la niña onubense que fue asesinada por una persona que había quedado en libertad por un error judicial motivado por fallos de información entre órganos judiciales.

El plan “establecerá las plataformas tecnológicas necesarias y el funcionamiento integrado y conjunto de todas las aplicaciones informáticas de la Administración de Justicia, lo que redundará en un mejor servicio al ciudadano y un funcionamiento más adecuado y eficaz de las oficinas judiciales”, indicaron desde el CGPJ.

El ministro de Justicia explicó que, una vez lograda la plena interconexión, “los tribunales tendrán plena integración y podrán utilizar las nuevas tecnologías en tiempo real y en red”. De esta forma, por ejemplo, los expedientes judiciales se podrán digitalizar y transmitir entre los distintos juzgados.

“El juez podrá conocer en tiempo real toda la información necesaria para tomar una decisión”, dijo Caamaño, quien destacó “las muchas horas de trabajo” que han posibilitado la firma del convenio.

Por último, el ministro aseguró que se cuenta con “el presupuesto necesario para llevar a cabo el plan” y subrayó que se trata “de la mayor inversión en modernización de la justicia en la historia de la democracia”.

Para Dívar, este proyecto acabará con “las zonas de incomunicación” entre los distintos órganos y actores judiciales.

AMAGO DE PLANTÓN

La firma del convenio estuvo a punto de verse enturbiada por el amago de plantón con el que amenazaron algunos vocales conservadores del Consejo tras el enfrentamiento que tuvo lugar ayer en el Pleno del CGPJ entre los distintos sectores.

Los vocales elegidos a propuesta del PP se sintieron molestos tras la elección de la progresista Almudena Lastra como vocal delegada de Planificación Judicial, una elección con la que, a su entender, “se rompía por primera vez el consenso”, según explicaron fuentes del Consejo.

Finalmente, el plantón no se produjo y todos los vocales que no se encontraban de viaje asistieron a la firma del convenio. La paz se firmó “in extremis” unos minutos antes de que tuviese lugar el acto.

Las fuentes consultadas señalaron que los vocales se han comprometido a crear una doble vocalía para el puesto delegado de Planificación Judicial. Por lo tanto, Lastra compartirá su puesto con otro vocal que, en principio, será designado en el próximo Pleno.

Los vocales tienen previsto reunirse esta tarde a partir de las 16.30 horas para cerrar el acuerdo. “Ha primado la responsabilidad institucional”, dijeron desde el sector progresista, mientras que los conservadores pusieron el acento en que lo importante es que “la situación no se vuelva a producir”.