El presidente de CEAV, Carlos Garrido, y el vicepresidente, Rafael Gallego, se reunieron con la ministra y el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y le hicieron entrega del manifiesto que firman las 25 asociaciones que forman parte de la Confederación.

CEAV señala en un comunicado que explicó a la ministra que las agencias de viajes se encuentran en una situación crítica, ya que las previsiones de facturación han caído en 2020 un 90% con respecto a 2019. El sector tiene, además, a más del 50% de las plantillas en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y se enfrenta a la posibilidad de llevar a cabo EREs definitivos.

Para Carlos Garrido, presidente de CEAV, “sin una reacción rápida por parte del Gobierno, las agencias no sobrevivirán los próximos meses, ni tampoco lo harán los 70.000 puestos de trabajo que generan. Hay que tener en cuenta que hablamos de un sector fundamental para fortalecer el destino España a nivel internacional y para promocionar el turismo interno, por lo que su labor será fundamental a la hora de reactivar la primera fuente económica de ingresos de nuestro país. Además, se trata de un sector transversal del que dependen directamente muchos otros”.

Entre las medidas específicas que plantean las agencias figuran la concesión de ayudas directas, ampliación de los ERTE durante 2021 y eliminación de la cláusula de compromiso de mantenimiento del empleo o la reducción del IVA.

Asimismo, el manifiesto aboga por la modificación de la normativa de viajes combinados, de la ampliación de la vigencia de los bonos emitidos por las agencias de viajes al inicio de la crisis y por el requerimiento a los proveedores para que procedan a los reembolsos de los pasajeros, en especial a las compañías aéreas. Además, defiende la participación del sector en la toma de decisiones relativas a las medidas de restricción en las fronteras y en las concernientes a la promoción de España como destino seguro.

En el encuentro, el secretario de Estado de Turismo se ha comprometido a modificar la responsabilidad solidaria entre mayoristas y minoristas y a que la vigencia de los bonos emitidos por las agencias de abril a junio se amplíe al segundo estado de alarma.