Según informó este sábado la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, los cuatro imputados en distintas provincias de España se dedicaban a la compra-venta de especies protegidas, llegando a falsificar los documentos de los animales.

El Instituto Armado tuvo constancia de la posible existencia de una red de ámbito nacional dedicada al tráfico de especies animales tras analizar la documentación que se intervino en un servicio llevado a cabo por agentes del Seprona el pasado mes de enero en la población de Palos de la Frontera (Huelva), en el que fueron recuperados un lobo, un hurón y un perro de raza "harrier".

Con los indicios obtenidos se articuló la denominada operación "Wild Life", que se ha mantenido durante más de tres meses, en estrecha coordinación con los equipos del Seprona de las provincias de Granada, Málaga, Guadalajara y Oviedo; y que ha concluido con la recuperación de cinco lobos y un lince rojo americano.

Además, se ha imputado a dos personas en Badajoz y Granada, como presuntos autores de los delitos de tráfico de especies y de falsedad documental, debido esto último a la posible manipulación de los certificados veterinarios y Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas); y a otras dos en las provincias de Málaga y Sevilla, por un delito de tráfico de especies.

A TRAVÉS DE INTERNET

Según la Guardia Civil, los imputados contactaban entre sí a través de foros de Internet, insertos en páginas web especializadas, y también de correo electrónico, enviándose los animales con los que comerciaban a través de empresas de paquetería.

Los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias o por giros postales, y oscilaban entre los los 600 y los 1.000 euros. Uno de los lobos intervenidos había sido enviado a su comprador como "un perro pastor alemán cruzado con pastor belga".

El lobo está incluido en el reglamento de 1997 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. De este control se excluyen las poblaciones de España situadas al norte del Duero, mientras que en el resto del territorio está prohibida cualquier actividad comercial de los mismos sin la emisión de los correspondientes certificados Cites.