Así lo trasladaron en un comunicado conjunto la Asociación Autónoma de Riders (AAR), la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y la Asociación Española de Riders Mensajeros (AsoRiders) en una jornada en la que el Gobierno y los agentes sociales que forman el diálogo social acordaron que estos trabajadores sean considerados asalariados y no autónomos.

Las tres organizaciones afirmaron que representan a más del 70% de los casi 30.000 repartidores que trabajan en España y que quieren seguir siendo autónomos para “decidir cuándo trabajar, dónde y cómo hacerlo y si queremos trabajar con una o con varias plataformas”.

Explicaron que también quieren mejoras en sus condiciones laborales y que llevan “meses” pidiendo una regulación que les permita negociar con las plataformas un ingreso mínimo por hora, vacaciones, mejoras en los seguros privados y “sobre todo, un asiento en la mesa de negociación, con Gobierno y plataformas”.

Criticaron que el Ejecutivo se comporta de modo “paternalista” y “no mira por nuestros intereses”, que los sindicatos “no nos representan” y que la patronal “no parece tener mucho interés en nosotros”.

Las tres asociaciones consideraron que el Gobierno “se ha esforzado mucho en pintarnos como trabajadores precarios” y pusieron de ejemplo que es precario un repartidor de Just Eat “con un contrato de 15 horas por 400 euros”.

En esta línea, consideraron que la norma de Trabajo propone “un modelo de intermediarios, llámense flotas o empresas de trabajo temporal, en el que nosotros, los repartidores, no solo tendríamos unas condiciones de trabajo mucho peores, sino que no ganaríamos ni la mitad de lo que ganamos hoy” y “nos aboca a la precariedad”.

Solicitaron a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que les escuche, e indicaron que existen alternativas a la “laboralización forzosa”, como la fórmula francesa o la italiana, en las que se negocian acuerdos sectoriales “sin condenar a miles de restaurantes al cierre y a miles de nosotros a la precariedad o el paro”.