No obstante, precisó durante su intervención en el ‘III Encuentro Fintech’ organizado por 'Expansión' con el patrocinio de American Express, que tanto a escala nacional, con la trasposición de la quinta directiva de blanqueo de capitales; como a escala Europea, se trabaja en normativas que supondrán un “avance fundamental” en su regulación y supervisión.

Al respecto apuntó que España está siendo un país “enormemente activo en este debate”, recordando que el pasado mes de septiembre firmó una declaración conjunta con Alemania, Francia, Italia y Holanda, donde se urgía a abordar en Europa una regulación que “logre abordar adecuadamente estos riesgos”. En dicho pronunciamiento instaban además a que “ningún acuerdo de criptactivos socave la estabilidad financiera, la seguridad y la eficiencia de los sistemas de pago” ni la soberanía monetaria de la Unión Europea y la protección de los consumidores.

La secretaria de Estado explicó que actualmente “no está clara la naturaleza del Bitcoin ni su clasificación en la regulación financiera”, ya que la normativa no lo considera un instrumento financiero ni un medio de pago “ni encaja bien en ninguna categoría existente de productos o servicios financieros”.

Tal situación hace que se encuentre “desregulado” y no pueda, por tanto, surtir, las garantías que sí ofrecen los servicios y productos regulados. Entre los riesgos que entraña el Bitcoin y otros criptoactivos señaló una extrema volatilidad que está atrayendo a inversores que buscan sacar provecho a su inestabilidad pudiendo provocar “cuantiosas pérdidas” al inversor no profesional y la falta de un emisor reconocible, “que impide que pueda ser supervisado, obligado y sancionado”.

Apuntó que, por lo tanto, hay un riesgo evidente de impago que no se puede reclamar al carecer de respaldo legal, y este tipo de activos suscitan además el problema añadido de poder cobijar operaciones de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo al ser, por construcción, anónimo.

Según detalló, algunas investigaciones estiman, de hecho, que “un porcentaje relevante de las transacciones en este ámbito están relacionadas con actividades ilegales”, sin contar además con que la pérdida de las claves hace que se pierda para siempre la inversión realizada en Bitcoins.

Son cuestiones que, en su conjunto, obligan a su juicio a tratar de atender la protección, sobre todo, de los más vulnerables o menos informados y regular porque estas nuevas modalidades de activos también entrañan riesgos claros para la estabilidad financiera. “Por el momento el uso es muy limitado, pero el BCE advierte de que una generalización podría desencadenar efectos indeseados en el funcionamiento del sistema monetario”, agregó.

Entre las iniciativas de regulación a escala nacional y junto a las recomendaciones de la CNMV y el Banco de España, se ultima la trasposición de una directiva que incluirá entre los sujetos obligados a notificar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y real y aquellos otros que prestan servicios de custodia vinculados con el uso de monedas virtuales. La directiva les obligará a inscribirse en un registro y sujetarlos a la supervisión, indicó.

A escala europea informó de que también se está desarrollando una regulación específica para los criptoactivos dentro de la estrategia de finanzas digitales que regulará la emisión de nuevos criptoactivos, la prestación de servicios vinculados a los mismos por parte de las plataformas de trading o su intercambio por dinero.

La secretaria de Estado admitió que el Bitcoin en sí quedaría fuera de la regulación al no estar emitido por ninguna persona legal, pero sí lo estarían todas las plataformas y agentes que presten servicios con él poniendo reglas en su operativa y sometiéndolos a supervisión.