A partir de ese momento, se decidirá si se reanuda el juicio con las declaraciones de los acusados que comenzarán con la comparecencia de Luis Bárcenas. En principio, las sesiones previstas para la próxima semana se desarrollarán el martes y el miércoles, pero el tribunal no descarta reestructurar las sesiones para recuperar las que se han perdido.

En esta segunda sesión del juicio, el fiscal, Antonio Romeral, consideró que es "prematuro aventurar un careo" entre Luis Bárcenas y Mariano Rajoy, como solicitó ayer el letrado del extesorero, puesto que ni siquiera se sabe en este momento si habrá contradicciones entre ellos.

Por su parte, la Abogacía del Estado solicitó limitar el objeto del juicio y rechazó la personación de las acusaciones populares en el caso de los supuestos delitos fiscales en los que no existe acusación ni de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado y descartó, por errónea, “la prescripción del delito sobre la declaración del IVA” correspondiente al ejercicio 2010 del que se acusa a Unifica, la empresa encargada de remodelar la sede nacional del PP.

El abogado Gonzalo Boye, que ejerce la acusación popular en representación del Observatorio DESC, anunció su renuncia a 72 testigos de los propuestos para agilizar el juicio, entre ellos la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Según dijo, es importante que el extesorero declare sin sentirse “amenazado o condicionado emocionalmente” y por ello renuncia a la declaración de su mujer, que “no aporta nada en este caso”.

Los abogados de las acusaciones populares, sin excepción, respondieron hoy con dureza al letrado que representa al PP, Jesús Santos, que ayer dijo que sus estrategias perseguían fines “espurios” y el desgaste político del adversario. Le han recordado que ahora el PP denuncia falta de legitimización de las acusaciones populares después de que el propio PP fuera expulsado del caso 'Gürtel'. "Estamos defendiendo un interés general”, aseguró Boye.

Precisamente, Jesús Santos era esta mañana centro de atención a su llegada a la Audiencia Nacional, tras la publicación por varios medios de comunicación de informaciones que le colocan como enviado del Partido Popular para intermediar con Bárcenas. Según esas informaciones, el abogado se habría reunido en más de una decena de ocasiones con un íntimo amigo del extesorero, Agustín de Diego, al que supuestamente transmitió tranquilidad sobre el futuro de Rosalía Iglesias. Los contactos se habrían producido en 2017, tras conocerse la sentencia por la primera etapa de la trama 'Gürtel'. La persona que presentó a ambos negociadores fue el actual consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López.

El juicio por el caso de los papeles de Bárcenas arrancó el lunes en la Audiencia Nacional. Se juzga el pago de una parte de las obras de la sede nacional del PP con dinero negro procedente de la ‘caja b’ que manejaba el extesorero. Su abogado, Gustavo Galán, planteó un careo con el expresidente Mariano Rajoy.

La Fiscalía ha sido también la diana de duras críticas de las acusaciones populares. El abogado que representa a IU, Juan Moreno, ha llegado a decir que la actuación del Ministerio público ha sido “timorata” por no incluir delitos que las acusaciones consideran que se cometieron a costa de la contabilidad paralela del PP. A su juicio, el delito contra la Hacienda Pública es un ilícito de naturaleza colectiva que justifica la presencia en este caso de las acusaciones populares, aun sin que exista la acusación de la Fiscalía.

IU solicita también que se aporte la grabación a la que aludió la defensa de Bárcenas y por la que ha pedido citar a varios periodistas, y consideró que la decisión sobre el careo ente el extesorero y Rajoy deberá ser valorada por el tribunal “en su momento”.

Moreno insistió en que “las calificaciones jurídicas” les corresponden, y denunció que “parece que se pretende amordazar a las acusaciones". El letrado pidió "verdad, justicia y reparación" para los males de la sociedad española durante los últimos años que, a su juicio, “tienen que ver con lo que estamos viendo”, con las donaciones de empresas que “han pervertido la dinámica política de una formación con funciones de Gobierno; incluso del Estado".

Por su parte, la letrada de la acción popular encabezada por el exconcejal socialista de Boadilla del Monte (Madrid) Pablo Nieto Gutiérrez defendió la acción de las acusaciones populares con el argumento de que “no puede haber un interés más general que garantizar que haya impuestos que nutran el Estado social y democrático de Derecho que recoge el artículo 1 de la Constitución Española".

El abogado de Luis Bárcenas, Gustavo Galán, defendió su propuesta de llamar a varios periodistas a testificar sobre la grabación en la que supuestamente el extesorero Álvaro Lapuerta había reconocido la existencia de una ‘caja B’ porque su defendido no tiene esa prueba en su poder tras serle robada.

El letrado aseguró ante el tribunal que esa grabación está en poder del periodista Francisco Mercado y que “el señor Inda escuchó esa grabación de ocho minutos". Y añadió que pide citar también "a Ernesto Ekáizer y Marisa Bernal porque no sabemos qué va a decir Mercado sobre su derecho al secreto profesional".