Así lo recoge el informe anual que elabora CECA junto a KPMG para medir el impacto del sector sobre economía y sociedad y donde detalla que las entidades contaban con 12 millones de usuarios de banca 'online' y 7 millones en banca móvil, censo equivalente al 82% y 47% de usuarios en ambos servicios en España.

Además, el estudio recoge que efectuaron 84.485 horas de formación en ciberseguridad para sus empleados e invirtieron 57,7 millones solo para ciberseguridad y protección de datos. La inversión media en este cambio es, conforme a los cálculos de KPMG, un 1,5% mayor que la inversión media en ciberseguridad de empresas de más de 20.000 empleados y equivale a una inversión media por entidad de 9,6 Millones de euros.

El estudio analiza el impacto de las entidades directo e indirecto por su actividad corporativa, la financiación que otorgan a clientes y el efecto inducido que ambos aspectos tienen sobre el conjunto de la economía y sociedad.

La primera conclusión es que su impacto total en 2019 ascendió a 177.104 millones de euros, equivalente al 14% del PIB español: 21.091 millones por su actividad corporativa y 156.013 millones por el crédito facilitado a clientes. Bajo el primer epígrafe se incluyen aspectos como sueldos, compras a proveedores; y en el segundo el efecto de los proyectos que financian.

Conforme a sus cálculos, solo con el desarrollo de su actividad corporativa las entidades asociadas a CECA contribuyeron a sostener a 56.381 empresas, con un efecto "tractor" de que cada euro producido en su actividad generó 1,88 euros.

La financiación de 156.013 millones equivale, a su vez, a dinamizar de forma directa, indirecta e inducida a 620.977 empresas.

El análisis es con los balances cerrados de 2019, en un ejercicio de actividad normal preCovid. Sin embargo, aprovechando su difusión CECA facilitó algunos datos también de impacto durante el ejercicio 2020 correspondientes a líneas de apoyo a clientes.

Sus entidades financieras tenían al cierre del pasado ejercicio 499.610 operaciones de moratorias abiertas con un saldo vivo o deuda pendiente de amortizar de 24.914 millones de euros.

En avales del ICO, habían formalizado 286.658 transacciones por 33.107 millones, y además habían realizado 19,26 millones de anticipos en prestaciones de desempleo y 48,15 millones en anticipos en las correspondientes a jubilación.