De este modo, apoya al juez Juan José Escalonilla que pidió el pasado 4 de noviembre de 2020 a la Junta Electoral Provincial de Madrid que le informase sobre "la identidad del administrador electoral" de Unidas Podemos-Izquierda Unida en las elecciones autonómicas del mayo de 2019, así como las cuentas electorales que designaron para recaudar fondos.

“El principal objeto de este procedimiento es determinar la realidad o no del contrato entre Podemos y Neurona indiciariamente constitutivo de delito electoral como se ha venido reiteradamente exponiendo a lo largo de este procedimiento si lo que se investiga es la realidad del contrato y de la propia mercantil que parece vinculada con el partido, es razonable investigar todos los contratos entre Neurona y la formación Unidas Podemos”, señala el escrito.

Por tanto, el ministerio público cree que el hecho de que “se hicieran pagos a una sociedad indiciariamente ficticia obliga a realizar una mínima investigación” y señala que “el resultado de esta investigación puede ser incluso en interés del ahora recurrente por cuanto podrían extraerse conclusiones en beneficio del mismo tanto en relación a la existencia o no de Neurona como de los contratos firmados. Y a ello nada obsta el hecho de que las cuentas de las elecciones de 26 de mayo fueran auditadas por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid”.

Señala demás, que “casi siete meses después de iniciar las investigaciones” no ha sido posible “determinar qué trabajadores tuvo Neurona, cuánto tiempo trabajaron en España, si se desplazaron desde México y cuándo así como dónde se hospedaron, información de fácil acceso al ahora apelante que no ha sido facilitada”, para esclarecer los hechos. Con esta investigación se trata de esclarecer “la realidad o no del contrato” y comprobar su pudo haber delito electoral

Además, la Fiscalía ha impugnado varios recursos más. Entre ellos, los presentados por la acusación Prolege y Vox contra el auto en el que el juez cerraba la investigación por las obras de la actual sede del partido en Madrid y la circunscribía únicamente al contrato con Neurona.

"Ningún elemento existe que corrobore el sobreprecio denunciado inicialmente", explica la Fiscalía, que en este asunto no encuentra "ningún indicio" de un delito de administración desleal y considera que los testigos han dado "cumplida explicación" sobre los detalles de las obras, entre ellos el arquitecto, que "declaró que el precio fue ajustado, incluso bajo y que se realizaron pocas mejoras".

En cuanto al recurso que presentó Podemos en este asunto pidiendo el archivo definitivo y no provisional, la Fiscalía se muestra de acuerdo con el recurrente al considerar que la cuestión queda fuera del ámbito penal pese a las “dudas” sembradas por algunos contratistas que sin embargo reconocieron que ni siquiera se presentaron a la licitación de las obras. Así, el ministerio público entiende que “los testigos han dado cumplida explicación de los motivos por los cuales existe el desfase entre el proyecto y la ejecución, desfase por otro lado frecuente en la ejecución de obras”.