Tribunales
El abogado de Cristóbal Páez pide la suspensión de juicio hasta que su defendido se recupere de la Covid-19
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Juan Sebastián Molins, abogado del exgerente del PP Cristóbal Páez, ha solicitado al tribunal que juzga la presunta 'caja B' del PP que, una vez que se termine el trámite de cuestiones previas, se suspenda la vista hasta el próximo lunes, para dar tiempo a su cliente a recuperarse de la Covid-19. por la que se encuentra en cuarentena.
Páez está siguiendo la jornada del juicio por videoconferencia desde su domicilio. La Fiscalía pide para él 18 meses de prisión por haber cobrado presuntamente un sobresueldo de 12.000 euros. Su abogado pidió en el trámite de cuestiones previas "expulsar del objeto de este juicio" las acusaciones de organización criminal, asociación ilícita y blanqueo de capitales por entender que no se le imputaron en fase de instrucción y son “imputaciones sorpresivas”.
Molins pidió también la nulidad del delito contra la Hacienda Pública y la aplicación de la llamada ‘doctrina Botín’ a su cliente, ya que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado le atribuyen a Páez relación alguna con el supuesto fraude fiscal del IVA cometido en 2010, ni con la elusión presuntamente cometida por el PP en el Impuesto de Sociedades de 2008.
El letrado defendió la prescripción del supuesto delito contra la Hacienda Pública cometido por Unifica, la empresa que se encargó de la reforma de la sede del PP, que se habría producido en julio de 2013, mientras que Páez fue imputado en noviembre de ese año. Igualmente, pidió la prescripción del delito de falsedad documental.
El abogado de Gonzalo Urquijo, arquitecto y administrador de la empresa que realizó la reforma de la sede del PP, pidió que el juicio se centre en la comisión de un presunto delito fiscal en el Impuesto de Sociedades en 2007 y en el IVA en 2010 y desacreditó a las acusaciones populares que formulan otras acusaciones que son “fuegos de artificio” con objetivos políticos. Además, pidió que ambos delitos fiscales se consideren prescritos.
Por su parte, la defensa de Belén García, gerente de Unifica, pidió el sobreseimiento de la causa puesto que los delitos fiscales que se atribuyen a la empresa no le atañen personalmente y, además, fue imputada después de que esos delitos estuvieran, según su punto de vista, prescritos.
El abogado defensor de Laura Montero, empleada de Unifica, solicitó en el trámite de cuestiones previas la nulidad de los cargos en su contra con el argumento de que únicamente la señalan las acusaciones particulares.
(SERVIMEDIA)
08 Feb 2021
SGR/clc