Así lo revela el estudio ‘Desigualdades en la Administración de Justicia’ que el sindicato ha elaborado para comparar el empleo y las retribuciones del personal dependiente de Justicia con los de los transferidos a las comunidades autónomas. En la actualidad, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Murcia, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las únicas comunidades que dependen directamente de la Administración General del Estado, al igual que órganos centrales como el Tribunal Supremo.

El informe pone como ejemplo que, mientras los cuerpos de gestión de las comunidades sin competencias transferidas perciben una media de 441 euros al mes en complementos específicos, sus homólogos del País Vasco reciben hasta 1.022 euros mensuales en este mismo concepto. La comunidad presidida por Íñigo Urkullu también ofrece los mayores complementos salariales a los cuerpos de tramitación y auxilio, con pagas que ascienden hasta los 842 euros al mes y los 809 euros, respectivamente. En cambio, el personal dependiente del Ministerio de Justicia ingresa 420 euros mensuales y 417 euros en las respectivas áreas.

“Es incomprensible que exista esta brecha salarial en la Administración de General de Justicia”, afirmó la responsable de Justicia del sindicato, Victoria Carrero. “El desempeño del trabajo es el mismo. Todo es igual excepto las retribuciones”, prosiguió la dirigente de UGT, quien ha clarificado que el salario base entre todos los cuerpos es el mismo, independientemente de su naturaleza.

Por otro lado, las retribuciones complementarias de los cuerpos nacionales de Justicia de La Rioja y Cataluña (442 euros mensuales y 422 euros en todos los cuerpos de justicia, respectivamente) son los que más se asemejan a los de los trabajadores dependientes de la cartera de Justicia, aunque en el caso de Cataluña existen incentivos adicionales que pueden alcanzar hasta los 105 euros al mes.

En términos de inversión, las cifras compartidas por UGT son similares. Según el sindicato, mientras que el personal de la Administración General de Justicia aumentó solo en un 0,6% desde 2010 (86 trabajadores más), las comunidades autónomas incorporaron a sus plantillas un 6,6% de empleados más (2.501 funcionarios). En la actualidad, el personal del territorio controlado por el Ministerio asciende hasta los 15.012 trabajadores, frente a los 40.290 empleados que suman las comunidades con competencias transferidas.

“Vamos camino de una doble justicia. Una de primera velocidad, que será la que asuman las comunidades autónomas con competencias transferidas, por su aumento de inversión; y una segunda velocidad, que recae sobre la famosa España vaciada y las ciudades más pobres. Los ciudadanos que se encuentran en estas regiones van a tener un servicio público y una justicia de peor calidad”, aseguró la responsable de Justicia del sindicato.

Por último, desde UGT han recordado que estas diferencias retributivas y de inversión no afectan a jueces, magistrados o fiscales.