En una exposición de más de una hora, el Ministerio público desgranó las pruebas de que el máster que está en tela de juicio se desarrollaba con “irregularidades notorias” e insistió en que "nada de lo que ha mantenido” Cifuentes durante la vista “ha podido ser comprobado", defendiendo que no presionó a la Universidad en primera persona “por su cargo”.

Así, la fiscal mantiene la petición de tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta madrileña, y para la profesora y asesora de la Comunidad de Madrid, Teresa Feito.

En un contundente alegato, la fiscal aseguró que "por su cargo (Cifuentes) no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la Universidad le ofreciese una solución. Si la maquinaria se puso en marcha fue por estas presiones".

"La única, primera y última beneficiaria de ese acta era ella y su carrera política. Ella sabía que las consecuencias podían ser nefastas”, explicó Santos antes de recordar que cuando la expresidenta madrileña tuvo en su poder el acta falsificada del Trabajo Fin de Máster (TFM) se apresuró a lanzar un vídeo en redes sociales en el que exhibía el documento a sabiendas de que "no correspondía con la realidad".

La tarde del 21 de marzo de 2018, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid publicó un vídeo en el que mostraba el documento asegurando que no pensaba abandonar el cargo y que “las cosas se acreditan con papeles, no con palabras". Ese acta, refrendaba la defensa del TFM ante un tribunal académico que la propia Cifuentes ha reconocido en la vista que no realizó. Así, la fiscal sostuvo que la confección de ese documento sólo se produjo como respuesta a “las exigencias de la presidenta", con el objetivo de "salvar su reputación".

“INDUCCIÓN EN CADENA”

Por su parte, la defensa de la expresidenta madrileña pidió la libre absolución tras subrayar que en ningún momento del juicio se ha podido probar que hubo una “inducción en cadena” que partiera de Cifuentes para lograr la falsificación de documentos acreditativos de haber superado el máster.

A su entender, la acusación de la Fiscalía ha sido “arbitraría” y alejada de criterios “objetivos”, lo que ha supuesto que su defendida haya sido objeto de una "una pena natural" y un “calvario” que, a su juicio, debe reparar este tribunal declarando su inocencia.

En relación con las irregularidades detectadas en el máster, el letrado insistió en que "Cifuentes no es garante de la legalidad administrativa", y destacó que en ese curso sufrieron irregularidades “todos los alumnos investigados".

Concluyó que a lo largo del juicio no se han podido aportar pruebas de que hubiera "una inducción en cadena" liderada por Cifuentes para que se falsificara el acta. En cambio, recordó el vicerrector de Planificación de la URJC "sugirió que sería bueno que apareciera un acta", lo que a su entender si podría casar con lo que se entiende por "inducción". “Todo se cocinó en el interior de la Universidad que hoy ejerce como una acusación particular. No beneficia a Cifuentes sino que viene a lavar la cara a la Universidad”, concluyó.

La fiscal coloca en el centro de esta trama a Teresa Feito y a la funcionaria que modificó las notas de Cifuentes, Amalia Calonge. Según sus conclusiones, la asesora de la Comunidad de Madrid fue la persona que ejerció, ‘de facto’, las presiones necesarias para acreditar la realización del máster.

PRESIÓN “SUTIL Y CONSTANTE”

Feito ejerció una presión “sutil y constante” que es efectiva “si el que ejerce la presión está en el poder y el afectado no tiene posibilidad de protegerse”, como ocurrió con la profesora Cecilia Rosado, responsables de falsificar el acta, según declaró, por indicación del catedrático Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público de la URJC, y bajo la presión de decenas de llamadas de Feito.

De ella ha destacado que era en ese momento asesora del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, y amiga personal de la hermana de Cifuentes que trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos. En conclusión, el Ministerio público puso de relieve la "falta de seriedad y numerosas irregularidades en el máster” que “siempre beneficiaban a los mismos".

Para la fiscal, “nada de lo que fue manifestado por Feito es veraz”. Su versión “no se sostiene” y el hecho de que muchas de sus llamadas a la profesora Rosado sólo duraran unos segundos no supone que no sirvieran para presionarla, puesto que sólo el sonido de sus llamadas ya servían para recordarle lo que le habían pedido que hiciera. “Cifuentes tenía un interés evidente en salvar la situación. Ella y Feito tenían el dominio del hecho. Pero, por su cargo, Cifuentes no se manchó las manos”, aseguró.

Pero, además, la fiscal sostiene que fue Feito la que dio a la Universidad la fecha en la que supuestamente se habría defendido el TFM. “Alguien del entorno de Cifuentes” tuvo que facilitar esa fecha porque en ese momento ya era subdelegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y “no valía cualquier fecha”.

En relación a la tercera acusada y responsable confesa de la falsificación del acta, Cecilia Rosado, la fiscal pide 21 meses de cárcel, una pena menor que para las otras dos procesadas por entender que se le puede aplicar el atenuante de colaboración y miedo insuperable ante las presiones de Álvarez Conde y de Feito.

La acusación que ejerce la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) criticó que la defensa de Cifuentes retirara finalmente el pendrive que contenía una copia de su agenda en la que constaba que debía defender el TFN el 2 de julio de 2012, después de que todas las partes preguntaran a acusados y testigos por esa prueba.

El letrado insistió en que “la URJC está por encima de las personas que cometieron irregularidades evidentes", y sostuvo que la documentación falsificada "se fabricó para dar cobertura a un hecho inexistente" que sirvió para descargo de Cifuentes, que la esgrimió públicamente sabiendo que era falsa.

La defensa de Feito insistió a lo largo de su exposición en que la asesora de la Comunidad de Madrid no dio orden alguna, ni presionó a ningún miembro de la Universidad para confeccionar el acta, remarcando que no había ninguna relación de amistad con Cifuentes y que no era personal de confianza. Sin embargo, el abogado de Cecilia Rosado aseguró que sí presionó a su clienta para que confeccionara el acta, el TFM de Cifuentes, y para que le facilitara la bibliografía pertinente sobre el tema del trabajo.